Familiares de víctimas demandan por más de un billón de dólares

Más de 600 familiares de víctimas de los ataques del 11 de septiembre entablaron ayer una demanda ante un tribunal federal -por más de un billón de dólares- contra funcionarios e instituciones saudíes, acusándolos de financiar a la red terrorista de Osama bin Laden.
La demanda, que tiene como antecedente el desastre del vuelo 103 de Pan Am contra el gobierno de Libia, busca debilitar a bancos, organizaciones de caridad y a ciertos miembros de la familia real saudí, según los demandantes.
No se trata del dinero. Deseamos hacer algo que alcance a esa gente’’, dijo Irene Spina, cuya hija Lisa L. Trerotola, de 38 años, murió en el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. No hay nada más que podamos hacer’’, agregó.
La demanda de 258 páginas, presentada en el tribunal federal en Alexandria, Virginia, señala que los demandantes buscan más de un billón de dólares. El principal representante legal del grupo señala que el dinero probablemente vendría de los activos que tienen los demandados en Estados Unidos.
Hay más de siete docenas de demandados, incluido el gobierno de Sudán, siete bancos, ocho fundaciones islámicas y tres príncipes saudíes.
Entre los más conocidos están Mohammed al Faisal al Saud, Turki al Faisal al Saud, Sultan bin Abdul Aziz al Saud, Jalid bin Salim bin Mahfouz, National Commercial Bank, y Faisal Islamic Bank.
Funcionarios de la embajada saudí en Washington no formularon comentarios inmediatamente.
El gobierno del presidente George W. Bush han evitado culpar a las autoridades saudíes por los ataques, parte de su estrategia para mantener fuerte su coalición mundial antiterrorista.
El príncipe Saud dijo la semana pasada que la alianza de 70 años entre ambas naciones sigue fuerte.
De acuerdo a la ley todo oficial que está activo está en la obligación de que le asignen un cargo’’, declaró Buroz Arismendi a la emisora Unión Radio.
Mientras, el fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, pidió ayer la detención de tres civiles ligados al golpe de Estado, por el delito de “rebelión civil”, informó la fiscalía.
Los acusados son el joven empresario Isaac Pérez Recao, a quien se le decomisó un importante lote de armas a los pocos días del golpe, Daniel Romero y José Gregorio Vásquez, ambos funcionarios del autoproclamado gobierno del empresario Pedro Carmona, que se instaló durante la asonada.
Pérez Recao y Romero viajaron a Estados Unidos tras el regreso de Chávez a la presidencia la madrugada del 14 de abril, restituido en el poder por la acción de militares leales con apoyo de civiles. No se conoce el paradero de Vásquez.
Por otro lado, increpó a la policía de menores , que en su criterio, debe estar más en la calle haciendo su rondas para prevenir el delito y no esperar que les lleven los casos, como esta ocurriendo.