El Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) emitió ayer una histórica e insólita condena por el atentado cometido por una de sus unidades el pasado 16 de enero en el suroeste de Colombia y anunció “correctivos disciplinarios” para los autores del ataque.
En un inesperado comunicado fechado en las Montañas de Colombia, los máximos jefes guerrilleros expresaron su “repudio” por una acción acometida contra la población civil, que dejó un muerto y más de 50 heridos en Pradera, departamento del Valle del Cauca.
Aunque la cúpula rebelde defendió que los autores “jamás tuvieron la intención de ocasionar algún daño a la población civil”, también aclaró que esta circunstancia “no excluye su responsabilidad por la falta de previsión de los efectos contra ella”.
Y es que en la mañana del 16 de enero, un día después del fin de la tregua unilateral declarada por las Farc con motivo de las fechas navideñas, una de sus unidades hizo estallar una moto con explosivos el centro de Pradera.
La declaración hecha por la guerrilla supone un giro en su estrategia militar, ya que nunca hasta ahora habían hecho tan explícito el rechazo a que la población civil se vea afectada en sus ataques, tal y como lo pide el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Así no se hace la guerra, esa no es la filosofía ni la orientación política o militar que nos caracteriza”, agregaron los jefes guerrilleros.
Pero el rapapolvo del Secretariado no se quedó en eso, también anunciaron “correctivos disciplinarios” para “el mando de una de las unidades que componen el Bloque Móvil Arturo Ruiz”, los autores del ataque.
Los únicos precedentes que existen en los que la guerrilla asumió el error de sus actos fue en 1998, con el asesinato de tres indigenistas estadounidenses, y en 2007, con la muerte de 11 diputados regionales del Valle del Cauca secuestrados.
El experto en conflicto armado Ariel Ávila explicó que la condena pública efectuada se enmarca dentro del proceso negociador que las Farc y el Gobierno discuten desde noviembre de 2012 en La Habana: “necesitan dar confianza, por esto lo hacen”, matizó.
