LAS FARC revelaron que son más de 500 los guerrilleros presos que pretenden canjear por secuestrados, según un comunicado divulgado ayer y fechado cuatro días antes de que el gobierno colombiano indultara a 23 insurgentes.
En el pronunciamiento, dado a conocer a través de la Agencia de Noticias Anncol -que difunde información de las FARC en internet-, el grupo advirtió que la eventual extradición a Estados Unidos del jefe guerrillero "Simón Trinidad" "interferiría" en el acuerdo, y propuso desmilitarizar dos municipios distintos de los que antes reclamaba para negociar el canje.
Las FARC piden ahora retirar a la fuerza pública de Florida y Pradera (500 km al suroeste de Bogotá, en el departamento de Valle), en lugar de las selváticas localidades de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en el sureño departamento de Caquetá, lo que ya había sido rechazado por el gobierno.
"Proponemos desmilitarizar dos municipios de los centenares que existen fuera del área de los Bloques Oriental y Sur, donde el gobierno ilusamente cree que puede derrotar a la guerrilla con el Plan Patriota, diseñado y dirigido por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos", señaló el mando central de las FARC.
Las FARC pidieron igualmente a los familiares de los secuestrados acoger su iniciativa, y señalaron que "la Iglesia, que será encargada de los contactos iniciales, explorará las posibilidades de vinculación de Naciones Unidas, gobiernos amigos y Cruz Roja Internacional en las labores de acompañamiento y apoyo logístico" para el intercambio.
Entre los rehenes está la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, capturada en febrero de 2002 junto con su candidata a vicepresidente, su asesora Clara Rojas.
El gobierno anunció que indultará a otros 12 guerrilleros de las FARC, con lo que aumentará a 35 el número de beneficiados con la medida. Todos los indultados aceptaron ingresar al programa de reinserción.
Su entrega a las autoridades se realizó con la presencia de representantes diplomáticos de Argentina, Costa Rica y México, que actuaron como "garantes" de un acta suscrita por El Salvador y Venezuela en la que se garantiza el respeto de los derechos humanos y un juicio justo para ambos.
La televisión mostró imágenes que confirmaron la presencia de los "garantes internacionales" en el acto de firma del documento.
Una nota emitida a través de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) denunció que las medidas de seguridad impidieron que algunos organismos humanitarios también estuviesen presentes, como era su deseo.
Los ex policías metropolitanos entraron en la sede diplomática salvadoreña de Caracas el pasado 26 de noviembre y solicitaron el asilo con el alegato de que eran "perseguidos" por el gobierno y estaban "amenazados de muerte".
Para entonces la Fiscalía venezolana ya había ordenado la detención de ambos jefes luego de que no asistieron a dos de sus citaciones para declarar en calidad de "testigos" en la investigación del golpe de 2002.
El Salvador negó que su decisión tenga que ver con las aspiraciones del ex presidente Francisco Flores a la secretaría general de la OEA.
El canciller Francisco Laínez rechazó rumores sobre una supuesta negociación entre los gobiernos de Caracas y San Salvador para denegar a cambio de un trato preferencial en el suministro de petróleo y el eventual apoyo del presidente Hugo Chávez a Flores.
El canciller aclaró que "aquí la candidatura del ex presidente Flores no ha sido tema de discusión, se ha procedido de acuerdo al derecho internacional".
El presidente Tony Saca dijo que El Salvador actuó con responsabilidad al negar el asilo político, porque sería una mala señal darle ese beneficio a quienes tienen procesos .
Los tres ex policías son acusados de apoyar los incidentes del 11 de abril del 2002, los que buscaban darle un golpe de Estados al presidente venozolano, Hugo Chávez.
Después de todo un análisis minucioso se ha determinado que no procedía el asilo político, dijo ayer a la prensa el canciller salvadoreño, Francisco Laínez.
