El Gobierno y las Farc firmaron el acuerdo más complejo de la agenda del proceso der paz que abre la puerta a una reconciliación efectiva y garantiza la aplicación de justicia para guerrilleros y militares, enfrentados desde hace más de 50 años.
"No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad'', dijo el jefe de la delegación oficial Humberto de La Calle.
Indicó que las penas máximas de cárcel podrían llegar a los 20 años para los implicados en el conflicto que no reconozcan los hechos ni colaboren para su esclarecimiento, sean rebeldes o militares.
El acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y los representantes del presidente Juan Manuel Santos fue firmado en presencia de víctimas del conflicto en una emotiva ceremonia en la cual también se hizo un minuto de silencio y se prendieron velas.
Las partes acordaron lo que llamaron "un sistema integral'' de cinco aspectos principales: una comisión para el esclarecimiento de la verdad; una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos; un paquete de medidas de reparación y otro para garantías de no repetición del conflicto.
El punto cinco, el más polémico, el de la creación de una jurisdicción especial para la paz tendrá que carácter jurídico y se encargará de juzgar las violaciones a los derechos humanos y aplicar sentencias efectivas, explicaron las partes.
"Hoy reivindicamos nuestra dignidad'', dijo durante la ceremonia Jineth Bedoya, quien habló a nombre de las víctimas y expuso la descorazonadora realidad de que habían recibido amenazas aún sin investigación por haber venido a las conversaciones en La Habana.
Cerrar el punto de las víctimas supone además agilizar el acuerdo que Santos y el líder de las Farc Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", sellaron el 23 de septiembre sobre la justicia.
De La Calle dijo que habrá diferentes grados de restricción de derecho para aquellos que aporten elementos en la investigación que realizará el Tribunal Especial para la Paz, que juzgará a los actores del conflicto y al que podrán ir los guerrilleros, militares, paramilitares y hasta empresarios que hayan financiado el conflicto.
Según el negociador oficial, también se prevé una amnistía para casos solo del delito de rebeldía, pero que jamás se aplicará para crímenes de lesa humanidad u otros como toma de rehenes o reclutamiento de menores.
El Tribunal estará conformado por unos 40 jueces, 80% colombianos y 20% extranjeros. Tendrá cuatro secciones: reconocimiento y verdad, enjuiciamiento, apelación y revisión de sentencia; y tres salas de justicia: verdad y reconocimiento de responsabilidades, amnistía e indulto y definición de la situación jurídica.
De La Calle afirmó que se estudia el cese de fuego bilateral y que para su delegación se mantiene la fecha del 23 de marzo como tope para la firma final del acuerdo, una fecha que fue desestimada por las FARC en días pasados.
Anteriormente las partes habían acordado otros tres puntos en menos de otro año y medio: los problemas agrarios, la participación política y el combate al narcotráfico.
Las conversaciones comenzaron a finales de 2012 en Oslo, Noruega y luego se trasladaron a Cuba.
