El fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Eduardo Fungairiño, reiteró ayer su oposición a la extradición a España de los 44 militares hasta ahora detenidos en Argentina por orden del juez Baltasar Garzón.
Fungairiño insistió en que España carece de competencia para juzgar a los presuntos responsables de la represión durante la dictadura argentina.
Fungairiño recordó que esta ha sido siempre la postura de la Fiscalía durante todo el proceso relacionado con los desaparecidos durante las dictaduras argentina y chilena.
Para Fungairiño, la derogación por parte del Gobierno de Néstor Kirchner del decreto que impedía la extradición de los militares argentinos "no añade nada nuevo" a la posición de la Fiscalía española, porque el tratado de extradición bilateral entre España y Argentina prevé ya la entrega de nacionales.
"Otra cosa es que la entrega de nacionales pueda hacerse por delitos cometidos en ese mismo país", añadió el fiscal, al estimar que, basándose en el principio de territorialidad, "España no entregaría a sus nacionales a Argentina por delitos cometidos en España".
Es por ello por lo que "Argentina tampoco debería entregar a sus nacionales por delitos cometidos en ese país", agregó. "España no tiene competencia para juzgar a esos militares por mucho que el Gobierno argentino derogue el decreto de extradición".
Entre tanto, sólo dos de los 46 represores requeridos por la Justicia española por crímenes cometidos durante la dictadura argentina siguen prófugos, después que ayer se presentase en los tribunales de Buenos Aires un general retirado. Se trata del el ex capitán de fragata, Jorge Rafael Vildoza y del ex teniente coronel, Antonio Arrechea Andrade.
También en Argentina, Organizaciones de derechos humanos manifestaron ayer su disposición a colaborar con la justicia en el proceso contra 46 represores de la dictadura requeridos por España y reclamaron que los acusados sigan detenidos.
Representantes de varios organismos se presentaron ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y le exigieron que no conceda la excarcelación a ninguno de los reclamados que ya han sido detenidos por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar que gobernó Argentina de 1976 a 1983.
