Fiscalía especial conocería demandas contra el Estado

DEBIDO A QUE las demandas presentadas contra el Estado panameño ascienden a más de 498 millones de balboas, se analiza la creación de una fiscalía especial que atienda estos procesos.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que existe una propuesta en este sentido, debido a la gran cantidad de demandas que se han presentado en los últimos años.
La fuente precisó que un equipo compuesto por funcionarios de la Procuraduría de la Administración y el Ministerio Público, han realizado una serie de reuniones para hacer frente a los crecientes reclamos económicos contra la administración gubernamental.
Además, se propuso la realización de una serie de seminarios y reuniones con servidores públicos de diferentes instituciones para advertirles de las posibles consecuencias legales de sus acciones en el desempeño de sus cargos.
Una de las más recientes demandas contra el Estado la presentó el apoderado de un ciudadano que tras ser condenado en primera instancia por el delito de violación carnal, presentó un recurso de revisión. La Corte Suprema de Justicia determinó que era inocente.
Tras esa decisión el afectado decidió presentar una demanda contra el Ministerio Público por la suma de B/.500,000 por los daños y perjuicios ocasionados durante su permanencia en prisión.
Este proceso podría ser el primero en donde una persona condenada por error o injustamente logra que el Estado responda por la negligencia de sus funcionarios.
Otra demanda que se encuentra por ser presentada contra el Ministerio Público, es el reclamo por los daños causados a una aeronave incautada dentro de una investigación por narcotráfico.
Este proceso seguido al estadounidense Bradford Randall y a Carlos Silva, fue declarado nulo por un tribunal, luego que se estableciera que la aeronave, en donde en 1999 se encontraron 14 kilos de heroína, fue allanada ilegalmente.
Durante el proceso, la avioneta en mención fue puesta al servicio del Ministerio de la Presidencia, y según la firma de abogados Almengor y Asociados, sufrió serios daños.
Aquí la reclamación podría ascender a la suma de B/. 250, 000, que sería un eslabón más a la larga cadena de demandas contra el Estado.
En una nota enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia por el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, se reconoce que el gobierno no tiene presupuesto para hacer frente al pago de estos reclamos.
Aquí, según el abogado Candelario Santana, miembro del Colegio de Abogados de Panamá, entra en escena la necesidad que los funcionarios judiciales actúen con apego a la ley y que cuando cometan un error, lo subsanen dentro del expediente.
Santana estimó que algunos funcionarios desconocen el alcance de la ley que rige sus instituciones y ello los lleva a cometer errores que luego son reclamables ante los tribunales.
El jurista considera que aquí se requiere una formación administrativa de los funcionarios, para que no incurran en estas fallas que causan perjuicios al Estado.
Entre las últimas demandas presentadas contra el Estado se encuentra una por B/.60 millones por la expropiación de tierras.
También está por presentarse una demanda por la suma de B/.250,000 por la cautelación ilegal de una avioneta por supuestas actividades de narcotráfico.
Instituciones como la Policía Nacional y la Policía Técnica Judicial (PTJ) también mantienen en su contra, procesos por supuestas acciones ilegales que han afectado a terceros. Hay preocupación por la cuantía de las demandas.