Tres británicos integrantes de la misión de 13 militares y científicos arraigada por las autoridades mexicanas rindieron ayer testimonio ante la Procuraduría General de la República (PGR), que decidirá una eventual sanción o su expulsión.
La diligencia comenzó horas después de que México anunciara el envío de su segunda nota de protesta y pidiera más aclaraciones a Londres por el caso, considerado una violación de la soberanía mexicana.
La crisis, que se desató cuando el presidente Vicente Fox y el canciller Luis Ernesto Derbez estaban de gira por Centroamérica, ha causado malestar en el Gobierno, que consideró insuficientes las explicaciones ofrecidas desde Londres.
"No vamos a tolerar en esta ocasión a nadie que no nos diga exactamente cuál era la razón por la que estaban en México sus ciudadanos", declaró Derbez en relación con el caso.
Los tres primeros en comparecer fueron trasladados desde la estación migratoria de Iztapalapa, en el sur de la ciudad, por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) hasta las dependencias de la PGR.
La Fiscalía mexicana analiza ya si el grupo de militares y científicos adscrito a la Asociación de Servicios Combinados en Espeleología (CSCA, en inglés), cometió o no algún tipo de delito.
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Armando Salinas, explicó que vulnerar el artículo 120 de la Ley General de Población podría implicar una multa de 275 dólares o una expulsión.
En caso de mayor gravedad, los extranjeros que realicen en México actividades distintas de las que tienen autorizadas por la Secretaría de Gobernación podrían llegar a hacer frente a penas de 18 meses de prisión.
Por su parte, el ministerio británico de Defensa insistió ayer en que los espeleólogos no estaban buscando uranio.
Seis de los espeleólogos fueron rescatados el jueves luego de permanecer bloqueados durante nueve días en una cueva del Estado de Puebla.
