Uno de los controvertidos proyectos de ley de Inmigración presentados en la Asamblea Legislativa de Florida fue aprobado en un comité de la Cámara de Representantes, mientras más de 200 personas, en su mayoría de origen hispano, asistieron en un intento por evitar una votación favorable.
Los miembros del Comité de Asuntos Económicos votaron 11 a 7 a favor del proyecto del representante republicano Bill Snyder que activistas proderechos de los inmigrantes aseguran contiene disposiciones similares a la ley de Arizona.
Se espera que ahora el proyecto pase al pleno de la Cámara de Representantes para su votación final.
Snyder justificó el proyecto al decir que se trataba de un asunto de dignidad para los propios inmigrantes que al estar en el país indocumentados carecen de derechos, viven bajo temor y en condiciones precarias.
El proyecto exige a las compañías utilizar el programa federal de verificación E-Verify para determinar el estatus legal de sus trabajadores.
Autoriza presentar quejas ante la Fiscalía estatal cuando se presume que una empresa ha contratado a una persona indocumentada y prohíbe que esos reclamos se realicen sobre la base de la raza o nacionalidad. De no cumplir las empresas con lo establecido, incluyendo aquellas del sector de la construcción, se les suspenderían sus licencias.
La Cámara de Comercio de Florida, la Asociación de Industriales de Florida y la Asociación de Frutas y Vegetales han advertido que el proyecto HB7089 y el SB2040 del Senado tendrán impactos negativos en la economía y la imagen internacional del estado.
Los tres gremios empresariales afirmaron que una ley antiinmigrante alejará de Florida a los turistas extranjeros y a la inversión internacional, además de causar desempleo en momentos en que el estado intenta superar los impactos de la crisis económica.
Adam Babington, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Comercio de Florida, dijo al comité que "el solo hecho de sostener este debate no está haciendo nada más que afectar el nombre de Florida tanto nacional como internacionalmente, y eso generará graves consecuencias económicas".
Luis García, representante demócrata, del distrito 107 de Miami-Dade, advirtió que si "esta ley llegara a aprobarse en este momento", los convertirá en ciudadanos de segunda clase.
El proyecto exige también que la policía determine el estatus migratorio de las personas que estén bajo investigación delictiva.
Snyder dijo en la sesión legislativa que los agentes deben tener "una sospecha razonable" de que un individuo está indocumentado en el país antes de verificar su estatus con el Servicio de Inmigración y Aduanas.
