El Gobierno mexicano abrió ayer los archivos de inteligencia que en más de 80 millones de fichas contienen la información oficial sobre la "guerra sucia" que libró el Estado contra movimientos sociales y armados en las décadas de los 60 y 80.
En los archivos "se consigna cómo se operaba en el país, a través, en muchas ocasiones, de la represión, de la falta de libertades políticas (...) es una historia que los mexicanos debemos conocer para que esto nunca se vuelva a repetir", explicó en una entrevista radial el secretario de Gobernación (Interior), Santiago Creel.
La ceremonia de apertura de los archivos estuvo encabezada por el presidente de México, Vicente Fox, quien el 1 de diciembre de 2000 asumió la presidencia luego de 71 años de reinado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los expedientes, que fueron trasladados en 5,000 cajas a la sede del Archivo General de la Nación desde el pasado 27 de marzo, han sido puestos a disposición del público después de la promulgación, hace unos días, de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual -según los analistas- es el principio del fin de la cultura del secreto.
Los miles de expedientes y millones de fichas revelan pasajes sobre desapariciones y grupos sociales y políticos del pasado. Entre ellos, la rebelde Liga Comunista 23 de Septiembre.
Para el director del Archivo Histórico Central, Juan Manuel Herrera, la información que se maneja en esos expedientes es "problemática".
"Se registró sin el consentimiento y en muchas ocasiones sin el conocimiento de los ciudadanos. Ese es un problema que abre parte del debate que ahora está presente también, que es el equilibrio entre la garantía que ahora la ley federal de transparencia ofrece, que es acceso a la información pública gubernamental, y la idea de que se debe proteger la información personal".
Según Jované, la población dependiente en el año 2050 será la misma de hoy, con la diferencia que la mayor demanda será de adultos mayores.
En cuanto a la administración del Fideicomiso, el economista no presentó objeciones porque el mismo sea administrado por el Ejecutivo, pues a su juicio lo importante es el flujo financiero de esas reservas.
Al respecto el representante de la Cámara de Comercio e Industria, Felipe Chapman, indicó que la propuesta merece un análisis para medir el impacto específico que tendrán las acciones de estas empresas en un término de treinta años.
Reiteró la necesidad de que se estudien todas las alternativas viables que le puedan brindar estabilidad a largo plazo al PIVM y no sólo concentrarse en realizar cambios tendientes a resolver el problema por un par de años.
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