El Gobierno argentino advirtió que respeta el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, pero reiteró su objetivo de “democratizar” el Poder Judicial.
“Nosotros somos una república representativa, así lo dice la Constitución Nacional, y no puede ser que la gente vote en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo y para elegir a los abogados y académicos que después van a elegir a los jueces no pueda”, dijo el ministro argentino de Justicia, Julio Alak.
El funcionario admitió que el Gobierno esperaba “que la Corte sacara una sentencia más democrática” y tildó de “aristocrático” el sistema actual de elección por sus propios pares de los integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de designar y destituir a jueces.
Pese al revés judicial, el Gobierno mantiene “el desafío de democratizar el único poder que el pueblo no tiene posibilidad de votar”, reiteró el ministro de Justicia argentino, quien recordó que “las luchas por la democratización nunca han sido fáciles”.
El máximo tribunal argentino declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley recientemente aprobada por el Parlamento, por la que se introdujeron cambios en la regulación del Consejo de la Magistratura.
Los jueces supremos también declararon inconstitucional el decreto por el cual el Gobierno realizó la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros, que iba a celebrarse en simultáneo con los comicios legislativos del próximo 27 de octubre.
Los cambios en el Consejo de la Magistratura eran el aspecto más polémico de un conjunto de reformas en el Poder Judicial impulsadas por el oficialismo argentino, seriamente cuestionadas por partidos de oposición y asociaciones de magistrados y de abogados, para quienes suponían una “partidización y politización” de la Justicia.
