Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, pidió al Gobierno de Honduras "acciones concretas e investigaciones efectivas" que eviten asesinatos de periodistas como el de Nery Jeremías Orellana, el décimo tercero desde el golpe de Estado en el país centroamericano en junio de 2009.
Canahuati dijo a Efe que el Gobierno del presidente Porfirio Lobo "ya ha solicitado a las Naciones Unidas y a otros países que apoyen los esfuerzos para la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos".
Este ministerio "hará un seguimiento más detallado de las políticas de derechos humanos y de una manera más directa", dijo Canahuati, añadiendo que ya se ha incrementado sustancialmente el presupuesto de la Fiscalía de los Derechos Humanos para permitirle que investigue los abusos.
Según Canahuati, "de los 14 casos de periodistas asesinados, 4 ya se han resuelto y todos fueron consecuencia de acciones delictivas comunes".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el asesinato de Orellana, el 14 de julio en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira.
Para la Relatoría Especial es "imprescindible" que el Estado hondureño "demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la prevención de estos crímenes, la protección de los periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad de los asesinatos reportados", indicó en un comunicado.
Orellana había abierto espacios en su emisora a programas de la Iglesia católica y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y había mantenido una posición crítica hacia el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
La CIDH recordó que desde entonces ha contabilizado el asesinato de 13 periodistas y mostró su "preocupación" por la "ausencia de avances significativos" para aclarar los hechos.
"En ninguna de las investigaciones las autoridades hondureñas han reportado algún progreso significativo", lamentó la CIDH, que subrayó que es "obligación" del Estado "adoptar todas las medidas necesarias para identificar la causa de los homicidios".
