El paro cívico realizado el martes en cinco regiones bolivianas (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca), en oposición al Gobierno del presidente Evo Morales, y exigiendo la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se acató casi en su totalidad en estos Departamentos (Estados) con ciertas excepciones, solamente en algunas zonas rurales.
La jornada más violenta se vivió en Santa Cruz, donde desde tempranas horas de la madrugada comenzaron los enfrentamientos entre opositores al Gobierno y adeptos a él. Los principales actores de estos enfrentamientos fueron los ya conocidos grupos de choque tanto de la oposición (miembros de la Unión Juvenil Cruceña) como del Gobierno (personas afines al MAS, partido de Evo Morales).
Lamentablemente, como lo viene haciendo últimamente, la Policía jugó el rol equivocado en una situación crítica. Primero brillando por su ausencia y después, ante el recrudecimiento de los enfrentamientos, tratando ineficazmente de restaurar el orden con un número reducido de oficiales.
Más preocupantes son las denuncias que señalan que las fuerzas del orden no intervinieron en los ataques sufridos por periodistas y optaron por ser simples espectadores de estos.
Una vez más estos hechos demuestran que este tipo de sucesos tienen un principio conocido, pero posiblemente un final que nadie puede prever. Las fuerzas de choque, llegado el momento, actúan por su cuenta y los resultados son siempre personas heridas e incluso víctimas fatales. El momento de evitar tragedias es antes de movilizar gente en las calles, cuando todavía se puede optar por el diálogo y la negociación.
Es cierto que parte de la responsabilidad en este tipo de hechos es de los líderes cívicos opositores (organizadores de las medidas de presión), sin embargo, es aún mayor la responsabilidad del Gobierno Central el velar por el bienestar y seguridad de todos los bolivianos. Es vital para la restauración de la paz en el país que Morales decida ser el Presidente de todos y no de unos cuantos.
El paro cívico junto al bloqueo de carreteras realizado en tres regiones (Santa Cruz, Beni y Pando) deben servir para que el Gobierno se dé cuenta de que, incluso después de haber sacado un porcentaje tan alto de apoyo popular en el referéndum del 10 de agosto, es débil en la mayor parte del país, por lo que optar por imponer sus decisiones es un suicidio.
Tanto para la oposición boliviana como para el Gobierno no hay camino más responsable que el diálogo sincero. Esto implica que ambas partes se sienten a una mesa de negociación conscientes de que en ella deberán ceder en sus posiciones.
Lamentablemente, el punto de partida no podía ser más complejo por lo opuesto de los intereses de cada uno de los actores. Sin embargo, lo que está claro es que el país es uno solo, el mismo para todos.
