El Gobierno colombiano dijo ayer que no cederá el ejercicio de la autoridad del Estado en la zona de concentración establecida en el norte del país para la fase de negociaciones con los paramilitares de las AUC.
Ninguna instancia creada para facilitar el proceso de paz reemplazará "el ordenamiento legal colombiano o las autoridades legítimamente constituidas", sostuvo el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en una comunicación divulgada en Bogotá.
Restrepo aclaró así el alcance del Comité de Seguridad y Convivencia establecido para los 368 kilómetros cuadrados que ocupa la llamada "zona de ubicación" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La masacre de 34 campesinos colombianos, perpetrada el martes pasado por rebeldes de las FARC en una zona cocalera cerca de la frontera con Venezuela, habría sido un intento de esa guerrilla para entorpecer la negociación que el gobierno lleva a cabo con grupos paramilitares, coincidieron analistas.
Consultados por la prensa local, los investigadores coincidieron en que la masacre de los campesinos ocurrida en el corregimiento de La Gabarra, "no se trató de un simple acto de guerra entre enemigos sino de un calculado movimiento con más de un mensaje implícito".
El historiador Fernando Estrada, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Industrial de Santander, aseguró que con el hecho, las FARC "están demostrando la capacidad que aún tienen para generar inestabilidad".
