El gobierno entregó al Tribunal Supremo varias cajas con evidencias contra un partido político que el jefe de gobierno quiere proscribir aduciendo que apoya el terrorismo de la banda armada vasca ETA.
El fiscal general Jesús Cardenal entró ayer en el tribunal con cinco cajas de documentos que, según dijo, “demuestran la ilegalidad de estos nazis de un partido que se autotitula Batasuna”, según la Ley de los Partidos Políticos.
Las evidencias citan 15 violaciones atribuidas a Batasuna desde que la ley entró en vigencia el 27 de junio.
Cardenal dijo que las evidencias incluyen amenazas contra políticos vascos no nacionalistas y la negativa de los dirigentes de Batasuna a condenar un atentado dinamitero del 4 de agosto de la ETA que mató a dos personas, una de ellas una niña de 6 años.
El partido ganó el 10% de los votos en elecciones regionales vascas de mayo del 2001 y tiene casi un millar de representantes electos en las provincias del norte.
El ministro de Justicia, José María Michavila, presentó una demanda paralela ante el tribunal supremo de la oficina del jefe de gobierno, José María Aznar, en la que acusa a Batasuna de “poner a disposición de la ETA las municipalidades que gobierna”. Aznar sobrevivió un ataque de la ETA en 1995.
Michavila dijo la semana pasada que la demanda contiene 1,000 piezas de evidencias demostrativas de la participación de Batasuna en el terrorismo.
Las acciones del gobierno suceden a una votación parlamentaria la semana pasada que decidió por mayoría abrumadora proscribir Batasuna debido a su supuesto apoyo a la campaña de la ETA, que en su campaña independentista de 34 años ha asesinado a 836 personas.
Los abogados de Batasuna no dijeron si presentarán una defensa. No se ha dado fecha para un dictamen.
Mientras se considera la proscripción, las actividades de Batasuna han sido suspendidas por tres años por una orden del 26 de agosto del juez investigador Baltasar Garzón.
Este lunes, Garzón prohibió dos manifestaciones en favor de Batasuna convocadas para el fin de semana.
