El gobierno colombiano estableció siete regiones como zonas de rehabilitación"" donde se podrán aplicar medidas excepcionales como la limitación del derecho de la circulación y de residencia, informó ayer el periódico El Tiempo.
Estas zonas se habían creado mediante un decreto hecho público el martes, al amparo del estado de conmoción interior, pero no se habían detallado hasta ahora. Según el gobierno buscan traer orden en lugares azotados por la violencia de la guerrilla, de los paramilitares y la delincuencia común.
El diario capitalino afirmó que estas siete zonas abarcarán gran parte del territorio nacional: desde el este en la frontera con Venezuela, hasta la costa del océano Pacífico y el sur en la frontera con Ecuador.
Entre las zonas está la llamada zona de distensión, que fue cedida a la guerrilla como gesto para facilitar diálogos de paz pero que fue revocada a comienzos de este año. Cada zona tendrá un comandante militar, que será el jefe de toda la fuerza pública allí. Las autoridades civiles podrán decretar toques de queda, revisar vehículos y realizar censos precisos sobre las personas que habitan en la zona.
Los residentes tendrán la obligación de informar sobre la presencia de explosivos y municiones, so pena de arresto, entre otras medidas. Los extranjeros tendrán restricciones para ingresar o permanecer en estas zonas. El gobierno del presidente Alvaro Uribe afirmó que las medidas buscan recuperar el orden y la seguridad para los colombianos.
Son mecanismos para proteger el derecho a la vida, a la libertad que están seriamente vulnerados por los violentos"", dijo el vicepresidente Francisco Santos, quien señaló que en Colombia hay 27.000 homicidios al año y 3.600 secuestros.
Sin embargo, muchos se han pronunciado contra estas medidas, afirmando que podrían dar pie a violaciones de derechos humanos. Por una parte son muy peligrosas en la restricción de las libertades de manera innecesaria y además son muy ineficaces como lo ha probado la historia"", dijo a la AP el senador y ex presidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, refiriéndose a experiencias del pasado, cuando en este país este tipo de normas se han aplicado.
El analista político León Valencia afirmó que las medidas no sirven para enfrentar la realidad de una guerrilla como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ha perdido el apoyo popular y se ha dedicado exclusivamente a conformar un poderoso ejército.
Las medidas ponen mucha presión sobre la población civil, y podrían derivar en que mucha gente que tiene rabia contra las FARC, termine alineándose con ellos para enfrentar la presión del Estado"", dijo Valencia. Hay que pelear es con el enemigo, meterse a sus líneas"". El general Martín Carreño, comandante de la Segunda División del Ejército, afirmó que estas herramientas son necesarias.
Son medidas que nos ayudan a recuperar la gobernabilidad en zonas donde hay de ausencia de Estado"", dijo Carreño en entrevista telefónica. La Corte Constitucional deberá aún evaluar las medidas. Muchos expertos, sin embargo, afirman desde ya que tienen serios vicios de inconstitucionalidad y que llevarán a una cacería de brujas.
El gobierno lo niega. La cacería es de los grupos armados violentos, que están asesinando la vida, la libertad, el derecho de movilizarse, de expresar el pensamiento. Para eso hay que restablecer el Estado"", afirmó el vicepresidente Santos.
