El Gobierno argentino recordó ayer a la Corte Suprema que el país espera su dictamen sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero precisó que no pretende ejercer "presión" sobre un poder independiente.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, negó ayer que el Gobierno esté presionando a la Corte para que se expida rápidamente sobre la constitucionalidad de las llamadas leyes del perdón.
"No es cierto que el presidente esté presionando a la Corte sobre este tema, lo que es cierto es que es un tema de los jueces que debe definirse en el Alto tribunal, y tarde o temprano deberán expedirse", señaló Fernández a Radio América.
El ministro sostuvo que de "una vez por todas" Argentina tiene que cerrar la cuestión de los juicios a los represores, porque es "una exigencia de la sociedad".
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) y suspendieron los juicios contra un millar de militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983).
Esas normas, que según sus promotores, fueron dictadas en aras de la reconciliación nacional, impiden que sean juzgados en el país los responsables de las violaciones de los derechos humanos.
