Actos, vandálicos, asesinatos, golpizas, secuestros y amenazas son los hechos que han rodeado la cotidianidad de los guatemaltecos en los últimos días del mes de marzo.
La ciudadanía y grupos de derechos humanos están alarmados porque consideran que los militares y policías vinculados con violaciones de los derechos humanos durante los 36 años de guerra civil, y beneficiados con una amnistía, están propiciando actos violentos para frenar las investigaciones que desarrolla la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El objetivo de estas investigaciones es hacerle justicia a los hombres y mujeres que desaparecieron forzosamente a la mano de las fuerzas militares y policiales, precisó en entrevista con Panamá América,Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
El miembro de la GAM precisó que “la guerra interna guatemalteca dejó muy fortalecido al ejército y, sobre todo, a oficiales que transitaron de la violación de los derechos humanos al mundo del narcotráfico.
Esta situación refleja que tanto el crimen organizado como las denominadas “maras” están ligadas de una forma u otra con los militares, afirmó Polanco.
“No cabe duda de que con las situaciones vividas en el mes de marzo, el tema de inseguridad en el país es muy confuso”.
“Marzo ha sido un mes muy intenso en la lucha contra la impunidad. Esta lucha está provocando que se despierten los gigantes dormidos, que pueden causar mucho daño al país”, afirmó el director de la GAM.
Preocupación.
Los miembros de la GAM están preocupados por los actos violentos cometidos en contra de los funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes han sido objeto de ataques, y están siendo vigilados por las investigaciones que llevan a cabo para descubrir la verdad sobre las muertes durante la guerra civil.
Los grupos de derechos humanos han solicitado algunos amparos de garantía para proteger su integridad, ya que llevan la investigación de 63 casos de violación de los derechos humanos.
Además exigen que se aclare el secuestro y tortura de Gladys Monterroso, esposa del ombudsman, Sergio Morales.
Estos hechos dejan claro que se está tratando de desestabilizar a la sociedad guatemalteca que pide justicia y no al Gobierno como se ha querido hacer ver, manifestó Polanco.
“Las declaraciones de desestabilización al Gobierno son irresponsables y dejan entrever que hay incapacidad para gobernar”.
Por su parte, el firmante de los acuerdos de paz, Gustavo Porras, manifestó a este medio que el secuestro de Monterroso tiene un cariz político a la situación que se vive en el país.
“Alguien está buscando la anarquía en el país, y esto va más allá del crimen organizado o los narcotraficantes, que están en el aparato del Estado”, declaró Porras.
La ciudadanía está temerosa y exige que las autoridades ejecuten el estado de emergencia.
“El simple hecho de que el presidente Colom no acogiera la medida fue un error, porque no se ofrece seguridad policial ni judicial”.
Narcotráfico.
“Este ha ingresado al país debido a la debilidad que existe en el área fronteriza tras la disminución del Ejército”, reafirmó Porras.
El problema del narcotráfico se ha intensificado en el país, y se les vincula con la contrainsurgencia, lo que hace muy difícil su combate.
El Plan Mérida propuesto por Estados Unidos, no ha ayudado a combatir el narcotráfico en el país y más aún que ahora en México se le hace frente a los “narcos”, éstos están buscando refugio en territorio guatemalteco.
“De acuerdo con Porras, en Guatemala estamos atrapados en una legislación que deja de lado los derechos humanos y no permite ejecutar sentencias efectivas contra estos delitos”.
