La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) dijo ayer que se registra un grave aumento del hambre en el mundo y que la cantidad de desnutridos había crecido, lo que ponía en riesgo el objetivo de reducir el hambre a la mitad hasta el año 2015.
El número de hambrientos en el mundo creció en 18 millones, a 842 millones de personas, en el periodo 1999-2001 respecto al de 1995-1997, dijo la FAO, con sede en Roma, en su informe anual sobre el hambre.
"Las últimas estimaciones de la FAO muestran un retroceso en la guerra contra el hambre", dijo el organismo en su informe titulado "El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2003".
La FAO indicó que los 842 millones de personas en situación de hambre incluían a 798 millones de países en desarrollo, 10 millones de países industrializados y 34 millones de naciones en transición.
El director general de la FAO, Jacques Diouf, dijo que la cantidad de hambrientos en el mundo en vías de desarrollo parecía estar creciendo. El informe subrayó la necesidad de voluntad política para ganar la guerra contra el hambre, y resaltó a Brasil, donde su presidente, Luiz Inacio "Lula" da Silva, lanzó el proyecto Hambre Cero, como un ejemplo destacado de un país que ha hecho progresos en este sentido.
La cantidad de hambrientos sigue creciendo en países del Africa subsahariana, y en el Oriente Medio y en el norte de Africa, señaló el informe. "La cantidad de desnutridos se redujo en Asia y en el Pacífico, y en Latinoamérica y en el Caribe", apuntó.
Indicó que siguen las dudas con respecto al porqué "recibió el cheque correspondiente a los dividendos del propietario del 7.5% de acciones de la empresa PECC, que se había beneficiado con una concesión multimillonaria" durante la administración de Pérez Balladares.
El ministro para Asuntos del Canal de Panamá y ex administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jerry Salazar, negó tener algún vínculo con Eduardo Cummings, a quien según Charles Jumet, accionista de la empresa PECC, señala como el intermediario que le solicitó la suma de B/. 300,000 anuales a cambio de no interferir en las operaciones de la empresa.
Salazar negó que Cummings fuera funcionario durante su administración y agregó que éste laboró en la Autoridad Portuaria Nacional (APN) durante la época de los militares.
Manifestó que está dispuesto a declarar en el marco de las investigaciones que adelanta la Contraloría General y el Ministerio Público.
Destacó que ni el contralor Weeden, ni ninguna otra autoridad le ha solicitado una declaración acerca de las investigaciones sobre irregularidades en un contrato con la nación, caso en el que se ha vinculado a los ex directores de la AMP, Rubén Reyna y Hugo Torrijos, así como al ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares.
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