Los 12 proyectos hidroeléctricos representarían inversiones por el orden B/. 680 millones, que se realizarían en los próximos años.
Según cifras de la dirección Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental (DINEORA) de la ANAM, el monto de los proyectos representa una inyección a la economía del país, especialmente en las regiones de Bocas del Toro y Chiriquí, donde se concentra la mayor cantidad de estas inversiones.
Uno de lo proyectos más significativos en esta área es el Bonyig, con el que se pretende embalsar el Río Teribe, que inundaría parte de las tierras de la etnia Naso.
De acuerdo con las proyecciones, la inversión para la construcción de la hidroeléctrica Bonyig, que es promovida por la empresa Hidro Ecológica Teribe, cuyo 50% es propiedad de la colombiana Empresas Públicas de Medellín.
Representantes de la etnia Naso han rechazado la construcción de la obra en sus tierras y han anunciado acciones de protesta, si el proyecto no es modificado.
Otras hidroeléctricas en proyecto, en estas regiones, son Bajo Totuma, Baitu, Río cochea, Chang 140, Caño Clarito, Chang 220, El Alto, Ojo de Agua y Chag 75.
Sin embargo, la Administradora de la ANAM, Ligia Castro de Doens, aseguró que todos estos proyectos deberán cumplir con la presentación de un estudio de impacto ambiental.
Pero si las empresas interesadas en desarrollar los proyectos no cumplen con los requisitos ambientales no podrán adelantarlos, manifestó.
No obstante, aseguró que hay algunas empresas que han pasado la revisión y se han comprometido a realizar trabajos para el apoyo de las comunidades colindantes y efectuar labores de reforestación en el área de las cuencas afectadas.
También explicó que hay compromisos serios para dotar de plazas de trabajo a las personas que residan en las áreas cercanas a los proyectos.
Para Castro de Doens, uno uno de los mecanismos de estos proyectos puede ser el acceso a créditos de carbono, pero que para tener acceso a estos recursos se debe realizar un cumplimiento estricto de las normas ambientales.
La funcionaria advirtió que quienes no cumplan con estas disposiciones se les puede aplicar la recién sancionada ley de delitos ecológicos.
Consideró que ya no será tan fácil eludir la responsabilidad para aquellos que atenten contra el medio ambiente.
Aseguró que los trabajos de reforestación y mejoramiento de las condiciones de vida de quienes residen cerca de los proyectos deberán realizarse antes, durante y posterior a su construcción.
En estos casos -alegó- ANAM no podrá actuar como intermediaria entre la promotora y las comunidades que exigen una compensación.
Las construcción de estos proyectos permitiría una mayor independencia energética del país.
Sin embargo, implicarían un alto costo social para los pueblos que se encuentren en sus inmediaciones.
La mayoría de los proyectos se desarrollarán en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro por su capacidad hídrica.
