Las heridas de bala infligidas a una alcaldesa y su guardaespaldas por miembros de un grupo de autodefensas en Guerrero, México, ha generado cuestionamientos sobre si esas organizaciones civiles pueden convivir sin tensiones con autoridades locales electas.
El rápido crecimiento de este tipo de movimientos civiles en Guerrero y en el Estado vecino de Michoacán desde 2013 ha provocado algunos roces entre funcionarios locales y grupos de “policía comunitaria” y “autodefensas”, aunque rara vez ha habido disparos en esos incidentes.