El Gobierno Federal de Estados Unidos propuso la flexibilización de las sentencias por crímenes no violentos, vinculados con las drogas, que han contribuido a que Estados Unidos tenga las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
"Algunas leyes que ordenan sentencias inflexibles reducen la discreción disponible para los fiscales, jueces y jurados", afirmó el secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, en un discurso ante la asamblea del Colegio de Abogados de Estados Unidos en San Francisco (California).
"Necesitamos asegurarnos de que el encarcelamiento se use para castigar, disuadir y rehabilitar, no solo para condenar, meter a la gente tras las rejas y olvidarse de ella", añadió.
Estados Unidos gasta cada año más de 80 mil millones de dólares para mantener tras las rejas de prisiones federales, estatales y locales a más de 2.3 millones de personas.
La población carcelaria estadounidense ha crecido en casi el 800% desde 1980, cuando se popularizaron las leyes que estipulan castigos duros y largas sentencias obligatorias para delincuentes reincidentes y crímenes vinculados con las drogas ilegales.
El Departamento de Justicia calcula que las prisiones federales, que albergan a más de 219,000 presos -casi la mitad de ellos cumplen sentencias por crímenes relacionados con las drogas ilegales- operan a casi el 40% por encima de su capacidad.
Esas leyes, dijo Holder, "generan una pérdida de respeto por el sistema".
"Cuando se aplican de manera indiscriminada no benefician la seguridad pública -añadió-. Han tenido un efecto destructivo en las comunidades y, en última instancia, son contraproducentes".
Según las estadísticas del Departamento de Justicia, los negros, que son alrededor del 11% de la población, representan el 39% de la población carcelaria.
Los hispanos, que son aproximadamente el 16% de la población del país, representan el 21% de la población carcelaria.
De 9 a 10 millones de prisioneros pasan por cárceles cada año.
La tasa de encarcelamiento de mujeres en Estados Unidos se ha multiplicado por cinco en las dos décadas hasta 2011 como resultado de los procesamientos y condenas por actividades vinculadas con las drogas ilegales.
"No podemos hacer que nuestro país sea más seguro simplemente procesando o encarcelando a más gente -continuó Holder-. Hoy un ciclo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento atrapa a muchos estadounidenses y debilita demasiadas comunidades".
El endurecimiento y alargamiento de las sentencias que han contribuido al aumento de la población carcelaria va acompañado por la multiplicación de las prisiones privadas, que no existían antes de 1980 y generan ganancias de 500 millones de dólares anuales.
"Ciertos delincuentes de baja monta, con infracciones no violentas relacionadas con las drogas y que no tienen vínculos con organizaciones o pandillas de gran escala, ya no serán acusados por delitos que impongan esas sentencias draconianas obligatorias", argumentó Holder.
"Estas personas ahora serán encausadas por delitos cuyas sentencias se adecúen mejor a su conducta individual, más que a los términos de prisión excesivos que son más apropiados para criminales violentos o cabecillas del tráfico de drogas", añadió.
Holder dijo que el Gobierno no debe aflojar en su lucha contra el crimen, pero debe ser "más inteligente que los criminales".
Ya en abril pasado, Holder señaló en una conferencia que "demasiadas personas van a demasiadas prisiones por demasiado tiempo sin que ello tenga una buena razón en la aplicación de las leyes".
Los senadores demócratas Dick Durbin y Patrick Leahy y los republicanos Mike Lee y Rand Paul han presentado un proyecto de ley destinado a dar a los jueces federales mayor discreción para la aplicación de sentencias obligatorias mínimas para determinados delitos de drogas.
