La organización Human Rights Watch (HRW) exigió hoy al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que actúe para impedir nuevas inversiones en los pozos de petróleo y gas natural de Birmania que ayuden a sustentar en el poder a la Junta Militar.
Hasta que esto suceda, el grupo afirma que tendrán que ser los gobiernos los que tomen medidas contra las empresas de sus países que mantienen negocios en con el régimen, así como contra las compañías de las que se sospecha que pueden estar controladas por el Ejército birmano.
"Los generales de Birmania todavía se comportan como si fueran inmunes a las condenas internacionales porque siguen recibiendo dinero de la explotación del crudo y el gas", dijo en un comunicado el programa de Negocios y Derechos Humanos de HRW, Arvind Ganesan y "debemos pararles los pies", subrayó.
El grupo divulgó hoy una nueva relación de hasta 27 empresas de trece países con intereses en explotaciones energéticas en Birmania, trece de las cuales son propiedad de o están participadas por el sector público y que están invirtiendo en 20 de las 30 iniciativas actualmente en marcha en el país.
La Junta Militar exprime los abundantes recursos naturales del país para financiar su máquina de represión política gracias a estas compañías, que no abandonan sus negocios pese a las continuas denuncias de la oposición democrática, y mantienen que su presencia contribuye al desarrollo económico y beneficia al pueblo birmano.
El gas natural es actualmente la mayor fuente de financiación de la Junta Militar y representó más de la mitad de los ingresos por exportaciones en 2006, a pesar de que Birmania sólo dispone del 0,3 por ciento de las reservas mundiales, muy por detrás de Rusia, Irán o Argelia, los productores más relevantes.
HRW sostiene que el régimen destina la mayor parte de este dinero a financiar el Ejército, que se lleva casi la mitad del presupuesto del Estado, mientras servicios esenciales como la sanidad o la educación apenas llegan al cinco por ciento del gasto público.
Hace tres años, una multinacional contribuyó a levantar la nueva capital administrativa del país, Napydaw, donde los generales viven aislados del bullicio de Rangún, la ciudad más importante del país.
La Junta Militar reconoce que 15 personas murieron y 3.000 fueron detenidas durante la brutal represión de las últimas protestas pacíficas encabezadas por los monjes budistas, aunque la disidencia calcula 200 fallecidos y cerca de 6.000 arrestados.
Birmania (Myanmar) está gobernada por los militares desde 1962 y no celebra elecciones desde 1990, cuando el partido oficial perdió estrepitosamente ante la coalición opositora encabezada por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, unos comicios cuyos resultados jamás fueron reconocidos por los generales.
