Caos
- Con las puertas cerradas, las autoridades acumulan a los detenidos en las unidades de reacción inmediata (URI), centros primarios que anteceden a las prisiones y que dependen de la fiscalía.
- Las URI tienen que ser una sala de paso, pero ahora son una parada larga, y el resultado es que, al no poder ingresar a los detenidos, estamos generando otro hacinamiento, pero fuera de las cárceles, comentó Carmen Torres, directora de la Fiscalía de Cundinamarca, donde se encuentra Bogotá.
- Las consecuencias ya se están viendo en la capital colombiana, donde ni siquiera hay sitio en las URI y se lleva a los detenidos a tiendas de campaña en parques del extrarradio.
- Aquí tenemos entre 10 y 15 detenidos que llevan diez días. Sus familiares van y vienen con comida a cualquier hora, porque como esto es un parque público no podemos restringir el acceso, dijo uno de los policías que custodian a estos hacinados en la localidad de Engativá.
Una huelga indefinida de funcionarios de prisiones une a carceleros y presos de Colombia en el mismo lado de la celda, pues comparten la exigencia de mejora de sus condiciones de vida en las prisiones del país, en las que imperan el hacinamiento y la “indignidad”.
No ha habido una gota que colmara el vaso de los guardianes, pues hace ya años que rebosa con los continuos desplantes que aseguran sufrir, primero por los 16 años que llevan sin experimentar una subida de salario y después por el déficit de personal que padecen.
“Nos unimos a la causa, porque consideramos que la lucha es justa, y seguiremos de forma indefinida hasta conseguir un compromiso del Gobierno”, aseguró Nelson Barrera, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup).
El descontento latente terminó en un estallido cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció que el flujo de traslados en las prisiones llegaba a su fin después de que lo prometido por el Gobierno en mayo en cuanto a mejora de condiciones no se cumpliera.
Ya no se traslada a los presos a dependencias judiciales o se permite la entrada de familiares o abogados de visita; de hecho, solo por razones médicas urgentes se procede al movimiento de presos.
Desde el jueves, a los inicialmente 1,000 carceleros en huelga se han sumado los de las cárceles de Cartagena y otras ciudades, si bien continúan siendo minoría con respecto a los 12,000 guardianes que hay en Colombia.
“Estamos viendo bodegas de hombres que no tienen programas de reintegración en la sociedad, a los que simplemente se les mantiene alejados de sus familias en condiciones de indignidad, de hacinamiento”, denunció Barrera, cuyo sindicato aglutina a 1,500 guardianes.
La suya es una de las asociaciones que apoya totalmente la protesta, pero la que ofrece las cifras de la indignación es la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), que representa a casi 5,000 guardianes y que, pese a ser la mayor asociación, no se ha unido a la huelga.
“Somos conscientes de que tenemos un nuevo ministro de Justicia, y consideramos que podemos negociar”, explicó Wilmer Rodríguez, de la junta directiva de la UTP.
Según este sindicato, de las 137 cárceles de Colombia, 130 sufren hacinamiento; el exceso de capacidad ronda el 54% de media, pero en algunos casos, como el de Cartagena, la sobrepoblación es del 110%.
“Además, tenemos un déficit de unos 8,000 guardianes y 5,000 trabajadores administrativos, con el resultado de que, por cada carcelero, tenemos 10 presos”, calculó Rodríguez.
