La normativa que entró en vigor hace dos semanas y ha recibido criticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos húngaras e internacionales, les obliga a mudarse a alguno de los centros de acogida, aunque en ellos no hay plazas para todos.
La ley prevé para los que sigan en la calle penas crecientes: tras una primera advertencia, si reinciden, se les impone una multa de 500 euros, en caso de no disponer de ellos, deberán pasar seis meses en prisión.
Pese a la amenaza, un grupo de tres vagabundos en una de las calles de Budapest cercanas a un centro comercial, no parece por ahora estar preocupado: "los policías no piden que nos vayamos, pero buscamos algún lugar en las afueras y allí no nos encuentran", dice uno a Efe, y agrega que él nunca acudiría a los centros, ya que allí solo hay "mal olor, robos y desorden".
La ley prevé que las sanciones sólo se podrían aplicarán en aquellas localidades que aseguren alojamiento a las personas afectadas, algo que no cumple ninguna ciudad del país.
El rechazo de la legislación, una de las más restrictivas en Europa, ha sido rotundo y organizaciones civiles húngaras como la Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ) o la internacional Human Rights Watch (HRW) han pedido anular la ley.
Esta legislación significa un "grave problema" desde el punto de vista de los derechos humanos, aseguró HRW, mientras que según TASZ, viola la idea del trato igualitario de las personas.Stefánia Kapronczay, directora de programas de la TASZ explica a Efe que la legislación es anticonstitucional, la define como "sin lógica ni sentido" y resalta la falta de programas sociales de vivienda y trabajo, recordando que el defensor del pueblo ha llevado el caso al Tribunal Constitucional para su revisión.
