Por primera vez en su historia, la Iglesia Católica chilena fue condenada ayer al pago de una indemnización, por la responsabilidad corporativa que le cabe en los casos de abusos sexuales cometidos por uno de sus sacerdotes contra menores de edad.
El presbítero José Andrés Aguirre Ovalle, de 45 años y conocido como el “cura Tato”, fue condenado por una jueza de Santiago a 12 años de cárcel como autor de pederastia contra 10 niñas que integraban grupos religiosos en su parroquia en Quilicura.
Pese a que su comportamiento había sido denunciado desde hace una década, Aguirre fue protegido por el Arzobispado de Santiago que lo envió al extranjero por tres años para esconderlo de una eventual acción de la justicia, pero a su regreso continuó sus delitos hasta ser detenido en octubre del 2002. “(La iglesia) debe pagar porque no ha ejercido el deber de cuidado, o sea, no lo ejerció con celo porque indudablemente una persona con los antecedentes que poseía este cura tendría que haber sido alejada de labores pastorales”, comentó la magistrada Rosa María Pinto.
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