Para el experto y ex vicepresidente Humberto de la Calle, la advertencia del gobierno de que no negociará con los paramilitares de ultraderecha la ley de Justicia y Paz "es retórica", porque uno de los fines del proceso de paz es precisamente acordar las condiciones en que aquellos volverán a la vida civil.
"De qué están hablando entonces en Santa Fe de Ralito (sede del diálogo) y de qué van a seguir conversando, porque si no es el marco jurídico lo que se negocia, no sé de qué se habla en esa mesa", señaló De la Calle ayer.
Agregó que el marco legal "es todo, la negociación en sí misma", y que, de no entenderse así, "estaríamos discutiendo una ley que luego no va a ser utilizada.
La ley tiene un propósito y es lograr la desmovilización de las autodefensas; luego, lo que se está negociando es el marco jurídico", precisó.
El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, reiteró ayer que la norma que deberá aprobar el Congreso no será discutida con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a pesar de la amenaza del grupo de que volverá a la guerra si se le lleva a un "humillante sometimiento" a la justicia.
La iniciativa propone penas máximas de entre cinco y 10 años de cárcel para delitos como masacres, torturas y desapariciones, de los cuales se acusa a las AUC. Otros ocho proyectos fueron presentados al Congreso, pero el grupo ilegal estima que ninguno llena sus expectativas.
Según el experto en asuntos constitucionales Jaime Castro, "el gobierno tenía la obligación de tratar estos temas en la mesa de diálogo".
"Si no lo planteaban las autodefensas, era obligación del gobierno proponerlo y acordar algo.
Aquí estamos pagando el precio de la improvisación, de la imprevisión", sostuvo.
Castro indicó ayer que el gobierno "pudo haber convenido una fórmula" con las AUC y luego pedir al país un "voto de confianza para su aprobación", al tiempo que se dijo "extrañado de que no se vea el liderazgo del presidente Alvaro Uribe en un caso tan importante".
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) insistieron ayer en su rechazo "absoluto" a un proyecto de ley que implique su sometimiento a la justicia en el proceso de paz que llevan a cabo con el gobierno, según un comunicado de esa organización de ultraderecha.
"Las AUC reafirman su posición de rechazo absoluto a todo proyecto de ley que sustituya la negociación política de paz por un proceso de sometimiento a la justicia", advirtió el grupo en una nota de seis puntos divulgada en la población de Santa Fe de Ralito.
Los paramilitares emitieron el pronunciamiento en respuesta a la advertencia que les hizo el gobierno de que si rompen el plan de paz tendrían cinco días para salir de la zona del norte de Colombia, cuyo epicentro es Santa Fe de Ralito, sede del diálogo y donde están concentrados los máximos jefes de las AUC.
"Reconocemos al gobierno nacional el respeto al acuerdo en el que quedó estipulado la fijación de un plazo de cinco días como término previo para desalojar la zona de ubicación con las debidas garantías en el evento de presentarse la ruptura del proceso de negociación", subrayó el texto.
Añadieron que "el reclamo de este derecho no significa chantajes, presiones o amenazas contra el gobierno, el Congreso o los medios de comunicación, tal como de manera equivocada lo expresó el alto comisionado de paz", Luis Carlos Restrepo.
“Reafirmamos ante todos los colombianos nuestra firme voluntad de contribuir con el propósito de paz como corresponde al interés nacional", destacó la nota, firmada por el comandante general, Ramón Isaza, el jefe del Estado Mayor Negociador, Julián Bolívar, y el director político de las AUC, Ernesto Báez.
Ayer, Restrepo señaló que el gobierno apuesta por la continuidad del proceso que busca completar antes de fin de año la desmovilización de los 20,000 combatientes
No obstante, el comisionado reiteró la respuesta oficial en el sentido de que no negociará la ley que sustenta el desarme y castiga los delitos de lesa humanidad.
Los paramilitares, acusados de contar con el apoyo de algunos efectivos de las fuerzas armadas, surgieron en la década de los 80 como ejércitos privados.
Estos grupos son financiados por ganaderos, hacendados y comerciantes para defenderse de las agresiones de la guerrilla izquierdista.
En enero último, 4,820 combatientes paramilitares entregaron las armas.
