Un funcionario español de la ONU y otras cuatro personas que habían sido secuestradas por indios cinta-larga en Brasil fueron liberadas hoy, al igual que 350 obreros que otra etnia mantenía aislados en protesta por la construcción de cinco represas.
Las personas liberadas por los cinta-larga, que estaban cautivas desde el pasado sábado, son el español David Martín Castro, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el procurador de la República en el estado de Rondonia, Reginaldo Pereira da Trindade, su novia y dos empleados de la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai).
Los cinta-larga aceptaron dejarlos en libertad tras negociaciones llevadas a cabo por el presidente de la Funai, Marcio Meira, quien desde el pasado lunes hacía las veces de mediador para lograr la liberación.
Fuentes de la Funai dijeron a Efe que los cinco rehenes están en buen estado, que no fueron maltratados por los indios y que se les trasladó en helicóptero desde la reserva Roosvelt, en la que permanecieron cautivos, hasta la ciudad de Cacoal, distante unos 200 kilómetros de la aldea en que fueron retenidos.
Los cinta-larga propusieron una serie de condiciones para dejar a los rehenes en libertad, pero las fuentes consultadas por Efe no supieron decir si alguna de ellas ha sido aceptada.
Entre esas condiciones exigían que la Policía Federal se retire de la reserva, una región muy rica en diamantes, que atraen a todo tipo de mafias, sobre todo aquellas vinculadas a la minería ilegal y el tráfico de piedras preciosas.
También reclamaban la anulación de todos los procesos judiciales que existen contra miembros de esa etnia, incluido uno que intenta determinar la identidad de los cinta-larga que, en el 2004, mataron a 29 mineros ilegales que operaban en la reserva Roosvelt.
Otra exigencia era la expulsión de la zona de un grupo de mineros que, según denunciaron los cinta-larga, ha regresado a la región en búsqueda de diamantes, cuyo tráfico podría tener alguna relación con el secuestro, según sospecha la Policía Federal.
En el vecino estado de Mato Grosso los indios enawene nawe liberaron hoy a 350 obreros que mantenían aislados desde el pasado viernes, con el bloqueo de algunas carreteras, armados con arcos y flechas, en unas protestas cuyo foco era la construcción de cinco represas hidroeléctricas en las tierras que habitan.
El conflicto sólo fue conocido hoy, pero los trabajadores de las obras de construcción de las represas estaban totalmente aislados desde el sábado, cuando estalló el conflicto.
Los indios demandan compensaciones económicas por la construcción de las represas, que, según alegan, modificarán el ecosistema de la región y afectarán sus actividades agrícolas y pesqueras.
La compañía Juruena Participaciones e Inversiones, responsable por las obras, ha ofrecido 4,3 millones de reales (2,4 millones de dólares) para distribuir en partes iguales entre las once etnias que dependen del río Juruena y que serán afectadas por las hidroeléctricas.
Ese dinero sería entregado a la Funai para que a su vez decida cómo invertirlo en favor de las etnias que habitan en la región.
Sin embargo, los enawene nawe no aceptan esa repartición y exigen una parte mayor de la indemnización, pues sostienen que sus aldeas son las más próximas a los lugares donde se construyen las represas.
Además, pretenden que el dinero les sea entregado directamente y no a la Funai, como se ha planteado.
La Funai no aclaró si alcanzó un acuerdo económico con los indios, que accedieron a desbloquear las carreteras con la promesa de volver a estudiar los posibles daños ambientales de los proyectos.
