El Tribunal Supremo de Estados Unidos apoyó una polémica ley del estado de Arizona que sanciona, incluso con el cierre, a negocios que contraten a inmigrantes indocumentados.
En una votación de 5 contra 3, los jueces de la máxima corte estadounidense rechazaron los argumentos de negocios, organizaciones civiles e incluso del Gobierno de Barack Obama y reabrieron la puerta a la aplicación de esa ley estatal, que entró en vigor en 2008, pero había quedado suspendida a espera del dictamen.
La decisión es la primera de la corte sobre el paquete de medidas contra los indocumentados que ha impulsado Arizona, y una que, según algunos analistas, puede tomarse como adelanto del dictamen que el Tribunal Supremo podría dar a la más polémica de esas leyes, la SB1070.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo hace dos semanas que llevará ante la máxima instancia sus argumentos para que la otra medida, que convierte a los indocumentados en criminales pueda aplicarse en su totalidad y no con las restricciones que leimpuso un tribunal federal.
También se espera que acabe en el Tribunal Supremo una norma firmada por Brewer, que exige a los policías del estado que verifiquen el estatus migratorio de cualquier sospechoso de crimen.
