La Comisión Forense Internacional (CFI) dijo que casi todos los 11 ex diputados colombianos secuestrados en 2002 por las FARC y fallecidos en cautiverio en junio murieron por múltiples disparos, pero no determinó si esa guerrilla fue responsable de los homicidios.
James Young, coordinador de la comisión creada por la OEA a petición del gobierno colombiano para esclarecer la muerte de los políticos del Valle del Cauca (suroeste), entregó el informe técnico al secretario general del organismo, el chileno José Miguel Insulza, y al Consejo Permanente.
Al describir las limitaciones de la misión forense, Young dijo a la prensa que "no hay nada que apunte con certidumbre en ninguna dirección por ahora", por lo que no se puede determinar a ciencia cierta quiénes son los responsables.
Los cuerpos estaban parcialmente descompuestos, no hubo testigos y los expertos no tuvieron acceso ni a la escena del homicidio ni a las armas utilizadas "y hay muchas teorías que podrían explicar lo que ocurrió", resumió Young. "Los mejores hechos son los científicos cuando surgen teorías contrapuestas, tenemos que tener cuidado de no convertir esas teorías y especulaciones en hechos", subrayó.
Esa decisión judicial además "viola el derecho a la defensa establecidos en el artículo 49 de la Constitución, así como el derecho de propiedad garantizado por el artículo 115 del texto constitucional", indicó RCTV en su comunicado.
En la misma sentencia del 25 de mayo pasado, la Sala judicial aceptó a trámite un recurso de RCTV contra la medida de no prorrogar su licencia de transmisión en abierto, por lo que la cadena espera el inicio de un juicio.
Desde el 16 de julio, la cadena privada inició emisiones por sistemas de cable y satélite.
