El gobierno chileno afirmó ayer que el hecho de que la justicia retirara la inmunidad a cinco de sus diputados para ser investigados por un caso de corrupción en la administración pública no debe considerarse una condena.
"El desafuero no significa una condena de los parlamentarios y, por lo tanto, no corresponde prejuzgar antes de que no termine la investigación, sometiendo o no a proceso y fallo definitivo", señaló el ministro portavoz de Gobierno, Heraldo Muñoz.
222El desafuero apunta a diversos políticos que supuestamente fueron sobornados para recibir benefecios en la entrega de algunas concesiones.
Los diputados que fueron desaforados son los democristianos Jaime Jiménez y Cristián Pareto, el socialdemócrata Víctor Manuel Rebolledo, el radical de centro izquierda Eduardo Lagos y el socialista Juan Pablo Letelier, hijo del que fuera canciller del presidente Salvador Allende y una de las figuras emblemáticas de la Concertación.
El desafuero se dictó a petición del juez Aránguiz que lleva una causa que apunta a que diversos políticos, mientras ocuparon puestos en la administración pública, fueron sobornados por dos empresarios para ser beneficiados en el otorgamiento de concesiones a plantas de revisión técnica de vehículos por unos 40,000 dólares.
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