El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza sugirió ofrecer a los militares determinados beneficios para que entreguen información respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973 y 1990).
"Habría que buscar una verdad recompensada, como reducción de penas, por ejemplo", afirmó el también exministro chileno de Relaciones Exteriores y del Interior en una entrevista que publicó ayer el diario La Tercera, de Santiago.
Según Insulza, las violaciones a los derechos humanos "generalmente son mandadas por superiores, pero participa harta gente. Entonces, es grande la posibilidad de llegar a la verdad sobre la base de esa gente que tuvo un papel subordinado", consideró.
"Habría que buscar no una delación compensada completa, pero sí una verdad recompensada. Eso sí", añadió el exsecretario general de la OEA.
El testimonio del exrecluta Fernando Guzmán permitió romper después de 29 años un pacto de silencio y reabrir judicialmente el caso de dos jóvenes que en 1986 fueron rociados con gasolina y quemados durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.
Doce exmilitares fueron detenidos y procesados por un juez especial por su responsabilidad en el crimen, mientras sectores políticos y organizaciones de víctimas comenzaron a abogar por el fin de los pactos de silencio.
