Jéssica Velazco, Delegada Especial de la Defensoría de Pueblo para la Defensa y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, considera que a pesar de que existe un engranaje y una normativa, el problema radica en que ésta no se cumple ni aplica efectivamente, por parte de las autoridades y la ciudadanía en general.
Las personas con discapacidad siguen siendo las más vulnerables. Confrontan discriminación, aislamiento y, en ocasiones, estigmatización, sostiene.
Hay además un grave problema con respecto a facilidades arquitectónicas de acceso, asegura.
Si bien el decreto 19 de 10 febrero de 1998, regula las normas de diseños para la construcción de edificios, facilidades y espacios de uso público, dirigidas a garantizar el acceso de los discapacitados, éstas no se cumplen.
Estamos muy lejos de darles un mundo más accesible a las personas con discapacidad para lo cual hace falta mucha presión por parte de las autoridades, afirma.
En la mayoría de las instalaciones no existen las barreras arquitectónicas como ascensores, rampas, y sanitarios, que les brindan la oportunidad de integración social.
Velazco señala que la primera responsabilidad recae sobre Ingeniería Municipal, que debe revisar los planos al momento que se aprueba un proyecto.
Pero no sólo ellos sino también el Ministerio de Vivienda (MIVI) y el de Obras Públicas (MOP), que tienen que ver con las normas urbanas.
En el país no hay estadísticas fidedignas, sino datos de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según estas cifras existe un promedio de 280 mil personas con discapacidad, lo que representa el 10% de la población.
Además de esta cifra, 1.4 millones de personas se ven afectadas indirectamente, pues no sólo los que la padecen enfrentan esta situación, sino sus familiares, lo que evidencia que este es un problema que todos debemos enfrentar.
De acuerdo con Velazco nos falta mucho y estamos muy lejos de alcanzar el triunfo en esto, pero hay que seguir trabajando.
Según Xenia Mas Vergara, coordinadora de la Secretaría Nacional para la Integración Social de Personas con Discapacidad (SENADIS), el 80% de la niñez con este problema no asiste a la escuela.
El tema es esencial, pues son personas que están siendo excluidas de la vida económica, social, cultural, civil y política del país.
Manuel Campos, director de SENADIS, señala que se han iniciado acciones en el propio Palacio de las Garzas, porque creemos que se debe predicar con el ejemplo.
Las acciones en instituciones públicas con mayor flujo de personas, como los hospitales y centros de salud, son prioritarias.
A mediano y largo plazo todas las instituciones, empresas, y cualquier otro espacio público, como restaurantes y hoteles, tendrán que cumplir con las normas de accesibilidad.
En el área rural se plantea crear la Oficina para la Integración Socioeconómica de la Población Indígena y Campesina y sus Familias dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), para generar programas autosostenibles que ayuden a su desarrollo económico.
La meta es incluirlos en la educación regular de acuerdo con sus potencialidades.
Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Secretaría Nacional para la Integración Social (SENADIS) realizará una marcha que partirá a las 8:00 a.m. desde la intersección de Vía España y Vía Brasil y finalizará en la Iglesia de la Virgen del Carmen, donde el arzobispo de Panamá, monseñor José Dimas Cedeño, oficiará una misa.
La Defensoría del Pueblo distribuirá en diferentes puntos de la ciudad capital y del país, material informativo sobre los derechos de este grupo social.
Las actividades tienen el objetivo de concienciar a la población sobre la situación de los discapacitados.
