Una comisión autorizada por el gobierno colombiano para emprender contactos con los paramilitares de extrema derecha recomendó avanzar hacia una negociación de paz, en medio del temor de activistas humanitarios de que los crímenes atroces cometidos por esos escuadrones queden en la impunidad.
La comisión, nombrada por el presidente Alvaro Uribe en diciembre pasado, emitió un documento con 10 propuestas dado a conocer la noche del miércoles por el gobierno, tras concluir la fase exploratoria de los acercamientos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), iniciada en enero.
El texto precisa que la negociación debe llevarse a cabo con acompañamiento internacional y previa verificación del cese de hostilidades, con el fin de “desmovilizar y reincorporar a la vida civil” a los 10,000 combatientes de las AUC.
Además consideró que el gobierno debe exigir a las AUC “el abandono total de actividades ilícitas” como el narcotráfico, robo de combustible, extorsión y secuestro”, y recomendó la “continuidad de la Iglesia Católica como facilitador y testigo del proceso de paz”.
A fin de buscar una negociación de paz, Uribe se ha manifestado dispuesto a conceder la libertad condicional a autores de delitos atroces que deserten de las filas guerrilleras o paramilitares, lo cual ha sido rechazado por los grupos humanitarios.
