Intolerancia a la crítica amenaza a medios en América Latina

AMÉRICA LATINA vive un momento crucial en la vigencia de la libertad de expresión, cuando se dan signos de parte de algunos gobiernos que están presionando en diversas formas a los medios de comunicación y alinearlos a sus intereses políticos.
Para Ignacio Álvarez, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es preocupante que varios estados en el hemisferio han comenzado a ejercer medidas para censurar las críticas, un claro signo de que no se respetan las ideas y la opinión libre e independiente.
"Me parece preocupante la situación de la libertad de expresión en la región. En definitiva, (hay) una gran intolerencia a la crítica y eso es preocupante en democracia", dijo Álvarez a este medio.
El alto funcionario de la OEA agregó que es impresionante el cuadro de violencia e impunidad que hay en la zona. Recordó que existen casos de coacción, como las restricciones indirectas a la libertad de expresión, la manipulación de la publicidad oficial, presiones contra los medios e inspecciones administrativas sorpresivas.
Otro caso es la autocensura, pues se mantiene la presión indirecta y obliga a los medios de comunicación a obedecer las decisiones del gobierno de turno.
"Siento que hay una intención de deslegitimizar la labor de los medios. Esto puede en el fondo crear una especie de relajamiento del control democrático y del escrutinio, que hace la opinión pública a través de los gobernantes de estar debidamente informada", acotó.
Álvarez reiteró que las democracias debe haber tolerancia a la crítica, de que haya libre debate de las ideas, inclusive "las ideas que ofenden, las escandalosas, son hasta buenas para la libertad de expresión".
Con respecto a los casos del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, la demanda del presidente Rafael Correa contra el Diario "La Hora" en Ecuador y la presión del gobierno hondureño tras imponer cadenas de televisión y radio para divulgar sus programas de trabajo, Álvarez señaló que estos ejemplos demuestran una crisis de intolerancia de las autoridades a las voces disidentes y pidió rectificar esta política negativa de desvirtuar el papel de la prensa.
Sobre RCTV, Álvarez indicó que el caso es "sumamente completo". Por un lado, el Gobierno de Hugo Chávez ha resaltado mucho en que forma parte de su soberanía la decisión de las concesiones de frecuencias de radio y televisión. Empero, el otro punto son los compromisos internacionales que ha ratificado el país para defender los derechos humanos.
"Reconocemos (la Relatoría de la OEA) la potestad que tiene el estado sobre las concesiones, de administrar el espectro radioeléctrico. Pero a la vez, en 1977 Venezuela ratificó la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Eso implica que soberanamente se comprometió a defender una serie de derechos a todas las personas en su juridicción, y uno de esos derechos es el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión", acotó el diplomático.
Para la Relatoria, Venezuela se comprometió con la OEA a "no adoptar decisiones en materia de concesiones fundamentada en la línea editorial de los medios", una obligación internacional establecida en el Artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH.). También Caracas firmó una cláusula para no discriminar por motivos políticos, además de defender el debido proceso y que hayan recursos judiciales efectivos ante tribunales independientes, libres y autónomos.
Sobre el caso de las cadenas nacionales informativas del Gobierno en Honduras, Ignacio Álvarez informó que la Relatoría de la OEA realizará un análisis técnico de la compatibilidad de este tipo de anuncios oficiales con la Convención Interamericana de DD.HH. y el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
El presidente Manuel Zelaya ratificó hace poco una decisión de obligar a los medios de prensa en Honduras a realizar cadenas nacionales de radio y TV, para informar sus logros administrativos y políticos, cosa que fue ampliamente cuestionada por la sociedad civil.
Finalmente, Álvarez ve también con preocupación la demanda hecha por el presidente ecuatoriano Rafael Correa contra periodistas del periódico "La Hora", por un editorial crítico a su gestión.
"Las sanciones penales no son los mecanismos a los cuales se debe recurrir en una sociedad democrática. Para eso existe el derecho de rectificación (derecho a réplica) y las sanciones civiles desproporcionadas", aclaró Álvarez a Panamá América.
Por ello el Relator de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión, sugirió que se promuevan en toda América Latina campañas en la opinión pública para resaltar la importancia de este derecho en la sociedad.
De que se destaque que la libertad de expresión "no es un problema entre medios y gobiernos", porque si se ve desde una perspectiva de un tercero, la audiencia o el público observa el asunto como un problema en donde no es juez ni parte.
Cuando se comiencen a hacer procesos penales contra los periodistas, cuando se hace discriminación de cuales periodistas o medios pueden tener acceso a la información, cuando el Gobierno utiliza el poder para silenciar la crítica, allí habrá entonces problemas con la libertad de expresión, destaca el vocero de la OEA.