El propio ministro de Economía y Finanzas (MEF), Ricaurte Vásquez, se ha convertido en uno de los más entusiastas propulsores para la obtención de créditos de carbono, que servirán para la realización de importantes proyectos.
Los expertos Christianne Marou y Frank Joshua estimaron que la ampliación del Canal de Panamá posee todas las características para ser gestionada como un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Consideran que hasta podría lograrse que el costo total se realice con inversión de empresas interesadas en beneficiarse con Certificados de Reducción de Emisiones (CERs).
De acuerdo con Vásquez, quien clausuró el Taller de Energía Renovable y Financiamiento de Carbono, convocado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), esta es una gran oportunidad para obtener recursos que concreten algunos proyectos.
Vásquez explicó que viajará a la cumbre de Cambio Climático a realizarse en Canadá, en donde presentará a nombre del Gobierno una serie de proyectos que podrían ser realizables a través de la obtención de créditos de carbono.
A modo de ejemplo, Vásquez indicó que el saneamiento de la Bahía de Panamá es un proyecto con un atraso de 25 años, y que una buena forma de obtener financiamiento sería lograr financiar la totalidad del proyecto con los créditos de carbono.
"Sería una buena manera de solucionar un problema ambiental, con recursos provenientes de la propia naturaleza", enfatizó.
A su juicio, también se pueden obtener créditos para modernizar el sistema de transporte y proyectos hidroeléctricos.
Para el ministro del MEF, los tiempos en que el desarrollo estaba divorciado de la protección al medio ambiente han pasado.
Recalcó que un buen ejemplo de ello es el Canal de Panamá, en donde la ruta de tránsito más importante del mundo depende de los aportes de la naturaleza.
"Si no fuese por el balance que se ha mantenido durante años, entre la cuenca del Canal y el desarrollo de la vía interoceánica, ya hubiesen surgido dificultades", acotó.
Los créditos de carbono son alternativa de financiamiento totalmente novedosa. En el caso de Panamá, se presentará una cartera de proyectos, en donde un tercer país absorbería la deuda para compensar los daños que ocasiona al medio ambiente.
Panamá sería sujeto de créditos de carbono, por la capacidad de los proyectos para regenerar el medio ambiente, pero el costo se trasladaría a los países que emiten grandes cantidades de contaminantes.
Paralelamente, Panamá se convertirá en un centro de créditos de carbono, que estará adscrito a la Ciudad del Saber, pero que físicamente se ubicará en Calle 50.
El centro permitirá facilitar la inversión en proyectos de energía renovable que apliquen a Mecanismos de Desarrollo Limpio.
El planteamiento de los expertos se centró el posibilidad de lograr una armonía entre los procesos de desarrollo y el mantenimiento del medio ambiente.
La biodiversidad de Panamá es su garantía. El Canal de Panamá es un ejemplo del balance del medio ambiente para prestar un servicio, pues de lo contrario el recurso hídrico necesario para la operación, no existiría.
De allí que CONAPREDES haya iniciado la campaña para capacitar a la población masculina sobre la explotación sexual comercial de menores de edad, sostiene.
La Organización Internacional del Trabajo y el Instituto del Trabajo (OIT-IPEC) apoyan esta campaña, que es regional, producida por creativos panameños, añadió la funcionaria.
La Explotación Sexual Comercial (ESC) es un delito y una forma de violencia sexual contra la niñez y la adolescencia que implica una violación severa de sus derechos humanos.
Son diversas las instituciones que atienden la problemática de la ESC.
En la Policía Técnica Judicial (PTJ), hay una sección especializada que atiende las denuncias, que pueden investigar de oficio o mediante querella, sobre todas las modalidades de explotación sexual.
El Código Penal establece la pornografía infantil, actividades sexuales o eróticas remuneradas que incluya cualquier tipo de relación sexual, turismo sexual, espectáculos sexuales que involucren a menores de edad y trata de personas menores de edad con el fin de utilizarlas en actividades sexuales.
Otra de las instituciones es el Ministerio de Desarrollo Social que además de atender a las víctimas en hogares especiales, recibe sus denuncias a través de la línea gratuita 147.
Zulima Fernández, directora nacional de Niñez, dijo que a través de la línea los adolescentes han denunciado que en sus comunidades hay adultos que les invitan participar en una especie de redes de explotación y también algunos familiares las ofrecen a cambio de dinero.
Añadió que en la Casa Hogar Tocumen hay 13 niñas víctimas de la ESC, que están recibiendo tratamiento y ayuda de parte de los psicólogos.
Marcelino Aguilar, de la Fiscalía Sexta de Delitos Sexuales, manifestó que este delito ha ido en aumento y la penalización puede ser de 8 años o más.
Corresponde a la población ayudar a combatirlo, presentando sus denuncias al teléfono 21-2232, o a la línea 147.
El sector Salud tiene como responsabilidad capacitar y sensibilizar al personal que trabaja en los centros de salud, a los adultos mayores y a los menores de edad.
Una labor importante se debe efectuar con los grupos de trabajo en los centros de salud y atender los casos de abuso sexual que se detecten.
Durante la atención se pueden identificar los indicadores de probabilidad como: infecciones de transmisión sexual, embarazos, abortos inducidos, evidencias físicas de agresión, violación vaginal o anal, fisuras o destrucción del esfínter anal, somnolencia, problemas de nutrición y evidencias clínicas de actividades sexuales inconsistentes con la edad.
También hay indicadores psicosociales como comportamiento autodestructivo, fugas del hogar, mutilación o tendencia suicida, manejo de cantidades de dinero, ropa u objetos que no corresponden a su situación económica, permanencia nocturna en lugares vinculados con la ESC, comportamiento y lenguaje sexualizados con pares y personas adultas.
Los educadores estar alerta y garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y promover la reinserción de aquellos que hayan abandonado los estudios, pues la exclusión los entrega a una situación de explotación, ya que el bajo nivel de escolaridad se convierte en un obstáculo para que puedan acceder a un nivel de vida apropiado.
Los maestros y profesores son el primer contacto; le corresponde escucharlos y mantenerlos informados sobre los procedimientos que se realizarán para protegerlos; deben evitar regañarlos o reclamarles, sino recordarles que están siendo víctimas y no son culpables de lo que sucede.
Además deben informar la situación al superior inmediato, solicitar ayuda de un profesional y denunciar penalmente la situación ante las autoridades correspondientes, pero sobre proteger a la víctima.
