La investigación judicial que marca al segundo gobierno de la presidenta Dilma Rousseff sobre la corrupción en Petrobras cumplió ayer un año, con 50 políticos investigados, exdirectivos de la petrolera estatal y de empresas constructoras presos y un clima de protestas populares.
La Operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción y lavado de dinero de la historia de Brasil, desenmascaró hace un año la compleja red delictiva instaurada en la petrolera de la que formaban parte empresas de la construcción, directivos y políticos.