Las autoridades griegas investigarán a todos los beneficiarios de ayudas por discapacidades serias, tras comprobar un anómalo número de casos en distintas regiones que hacen sospechar de un fraude generalizado que cuesta al Estado $300 millones.
Esta investigación se va a llevar a cabo después de que el Ministerio de Salud Pública haya detectado desproporcionadas incidencias de ciertos problemas médicos en algunas regiones. Así, en la isla de Zante, de 30,000 habitantes, 600 personas reciben prestaciones.
