La Fiscalía venezolana investiga a una supuesta red encargada de facilitar a terceros contratos con el Estado a cambio de millonarias comisiones, que tan sólo en un proyecto de infraestructura con participación de Irán implicaría una pérdida patrimonial de $117.2 millones.
Hay tres imputados por las irregularidades detectadas en el plan venezolano-iraní acordado en el marco de un amplio convenio firmado en agosto de 2004.
La ley 14 de 5 de mayo de 1982, modificada por la ley 58 de agosto de 2003 es el único instrumento para sancionar el tráfico y extracción de piezas precolombinas elaboradas por nuestro ancestros.
