“ Human Rights Watch” (HRW) denunció ocho muertes y más de una decena de desapariciones en el estado de Nuevo León (México) en 2010, en las que, según sus datos, estuvieron involucrados miembros de la Policía, del Ejército y de la Marina.
En un comunicado, la organización asegura haber obtenido evidencias de esos hechos “en el marco de una misión de investigación” en Nuevo León, y urge a los agentes de los Ministerios Públicos federal y estatal a “adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables” por la vía penal.
Según HRW, los familiares de las víctimas le informaron que habían “reclamado ante las autoridades estatales y federales” y que, en la mayoría de los casos, se habían iniciado “averiguaciones previas”, pero por el momento, “ninguna persona ha sido sentenciada en relación con los delitos”.
En esas investigaciones iniciadas por la justicia ordinaria, HRW asegura haber descubierto “graves irregularidades”, como la falta de entrevistas a testigos clave, la ausencia de visitas al lugar de los hechos y el no cumplimiento de “otros requisitos procesales básicos”.
Además, señala que la justicia militar “había asumido la jurisdicción de algunos casos y no había impulsado investigaciones serias”.
