EL Gobierno israelí ha autorizado las visitas de turistas extranjeros y judíos al “Monte del Templo” o “Explanada de las Mezquitas” de Jerusalén sin contar con la venia de las autoridades religiosas islámicas.
Las autorizaciones disponen únicamente del respaldo del primer ministro israelí, Ariel Sharón, y de la Policía, lo que podría desencadenar un nuevo choque entre judíos y palestinos en la ciudad tres veces santa.
Los judíos conocen como “Monte del Templo” el lugar donde desde hace siglos se hallan las mezquitas de Al-Aksa y de Omar, en la ciudadela de Jerusalén, que según la tradición judía es también el lugar sobre el que se levantaron hace miles de años los Templos de Salomón y Herodes.
Las visitas se efectúan en pequeños grupos y con escolta de la policía, informó la televisión pública.
La Explanda de las Mezquitas fue cerrada a los no musulmanes en septiembre de 2000, tras comenzar la Intifada de Al-Aksa, que los palestinos atribuyen a la visita que efectuó ese mes a ese lugar sagrado el entonces jefe de la oposición israelí y actual primer ministro, Ariel Sharón.
Desde entonces, el Wakf islámico, administrador de los lugares santos, llegó a un acuerdo con las autoridades israelíes por las que el lugar permanecería cerrado hasta que se calmen los ánimos en la región.
Sharón pidió a la Policía concertar un acuerdo con el Wakf, aunque según distintos medios este organismo sólo se enteró de las visitas secretas hoy lunes.
Adnan Huseini, director del Wakf, dijo que el acuerdo alcanzado con Israel para evitar mayores tensiones en Jerusalén ha sido violado.
La televisión pública israelí dijo no obstante que la comunidad palestina de la ciudad está al tanto de las visitas y que se hacen de forma discreta dentro de una iniciativa conjunta para devolver el turismo a Jerusalén.
Castillo estimó que la gente quiere saber si hubo o no soborno en el caso de la aprobación del polémico proyecto del CEMIS y criticó que esta decisión se haya aprobado a la hora que se hizo, pues fue uno de los últimos temas objeto de discusión.
Por su parte, la Corte Suprema deberá determinar la legalidad o no de la resolución aprobada por la Asamblea Legislativa, advirtió el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, quien argumentó que es una "señal triste" que se le envía al país.
Precisó que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia, porque habría que analizar qué tipo de sustento jurídico apoya la resolución.
Adelantó que lo actuado por la Asamblea constituye una demostración reiterada de convertir la protección constitucional en un escudo contra la "verdad" y limitar el desempeño de la Corte en uno de los casos que más han estremecido los cimientos de la República.
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