Sólo un lustro atrás, la noticia de que una universidad, un sindicato o una empresa occidental promovían boicotear a Israel era un fenómeno esporádico que suscitaba poco más que incomodidad en los líderes hebreos, aunque no falten sionistas de pro convencidos que un boicoteo como el que desmoronó el Apartheid sudafricano es la única vía para que Israel frene y dé marcha atrás a la ocupación de los territorios palestinos.
Desde hace un año, nada más concluir la agresión contra Gaza que causó 1,400 muertes, la bola de nieve crece: las iniciativas de boicoteo florecen y los dirigentes de Israel comienzan a padecer incidentes del tipo de los que sufren los líderes más denostados. Con un agravante: las sorpresas desagradables brotan en naciones aliadas.
Que se lo digan al ex primer ministro y principal responsable de la masacre de Gaza, Ehud Olmert, quien tuvo que escuchar en otoño gritos de “criminal” en su periplo por varias aulas magnas de universidades estadounidenses.
La onda expansiva en el campo militar, económico y diplomático del eterno conflicto árabe-israelí es patente, y alcanza rincones insospechados.
La devastación causada en la Franja de Gaza fue uno de los detonantes que impulsó al jordano Humam Jalil Abu Mulal al Balaui a perpetrar el 30 de diciembre el ataque contra la base de Afganistán en la que perecieron siete agentes de la CIA.
Esa onda expansiva de la guerra de Gaza provoca reacciones menos dañinas en otros lares, pero constituyen uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno de Benjamín Netanyahu en los últimos meses.
El Ejecutivo insiste en que se trata de una campaña orquestada por organizaciones propalestinas para deslegitimar al Estado sionista.
Centros académicos de Noruega y Norteamérica han propuesto romper vínculos con universidades israelíes; Oslo retiró inversiones de empresas israelíes vinculadas a la ocupación.
Sindicatos franceses y británicos se han sumado al boicoteo de productos producidos en las colonias judías de Cisjordania; la Universidad de Ariel, también en territorio ocupado, fue excluida de un concurso sobre energía solar convocado en España; Turquía, único país musulmán que ha suscrito un acuerdo de cooperación militar con el Estado sionista, decidió suspender la participación del Ejército israelí en unas maniobras conjuntas; Londres acaba de recomendar a los comerciantes que etiqueten los productos para saber si proceden de asentamientos judíos.
Los ejemplos abundan.
La tensión más estridente enfrenta ahora a Israel con Reino Unido.
A mediados de diciembre, Tzipi Livni, jefa de la oposición, suspendió una visita a Londres por temor a ser detenida.
Lo mismo decidieron días atrás cuatro mandos castrenses. Gaza fue la espoleta de esta espiral de iniciativas que desacreditan al país.
Desactivarla es una tarea ímproba. Y aún queda por resolver en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el espinoso asunto del informe Goldstone, el juez sudafricano que acusó a Israel de cometer crímenes de guerra.
Pese a que el Gobierno de Olmert vetó a los periodistas informar desde Gaza, resulta imposible ocultar la destrucción masiva que provocó la campaña militar.
Son decenas los abogados que recaban información en España, Bélgica, Reino Unido, Sudáfrica, Holanda y Noruega para presentar querellas por crímenes de guerra contra los responsables de la guerra en países cuyas legislaciones contemplan la jurisdicción universal.
Alguna información sobre los militares implicados se recaba en Facebook. “La Intifada electrónica nos ha pillado con los pantalones bajados”, escribía recientemente el analista Doron Rosenblum. Y añadía: “Durante los mandatos de aquellos hombres brutales [en referencia a Simón Peres, Ehud Barak, Ariel Sharon y Olmert], que hablan inglés con acento marcadísimo, Israel era recibido en todo el mundo con los brazos abiertos. Hoy, pese a la relativa calma, al acento americano de Netanyahu y a su talento retórico, Israel ha sido situada en el ostracismo y sufre ataques en cada foro internacional”.
