El jefe paramilitar Carlos Castaño propuso el establecimiento de un tribunal para "conocer verdades sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra" cometidos en Colombia y reiteró la necesidad de buscar vías distintas a la cárcel para sus hombres.
"Lo deseable es un tribunal de la verdad cuando se sienten a la mesa todos los actores del conflicto", aseguró Castaño y señaló que de ese cuerpo podrían formar parte la Iglesia Católica, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
"Que la verdad la sepan los que tengan que saberla", aseguró en una entrevistada publicada ayer por el diario El Tiempo.
Sostuvo que la sociedad colombiana debe suscribir con los paramilitares "un pacto político en la mesa" que garantice a sus hombres desmovilizados alternativas diferentes a la cárcel como requisito para que el éxito del proceso.
"Si yo les anunciara a las autodefensas que al finalizar el proceso todos van para la cárcel, lo único que consigo es terminarlo de manera instantánea", dijo el paramilitar que lidera un proceso de desmovilización iniciado el martes 25 de noviembre con 855 hombres del Bloque Cacique Nutibara (BCN).
Sobre el escepticismo que ese proceso ha generado en sectores del país y las advertencias, incluso de la ONU y de la Unión Europea, para que éste no genere en impunidad, Castaño dijo que se requiere alcanzar un pacto "donde lo jurídico sería la consecuencia y no el centro de la discusión".
"En la elaboración de ese pacto participarían Procuraduría, Defensoría, organismos de derechos humanos, asociaciones de víctimas de la guerrilla y las autodefensas, la comunidad internacional y el Congreso", dijo Castaño contra quien Estados Unidos cursa procesos judiciales y es pedido en extradición.
"Que nos dejen hablar y que permitan que aquí vengan congresistas opositores; los que no creen de las ONG. Que vengan todos los que desconfían para explicarles. Abramos esto y hagamos irreversible el proceso", solicitó Castaño en la entrevista, al comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.
El escepticismo sobre el éxito de este proceso de paz con los paramilitares radica en que el gobierno no ha encontrado eco en el Congreso a su proyecto de ley de alternatividad penal que otorga beneficios a miembros de grupos armados ilegales que contribuyan eficazmente a la paz.
"Lo que digo es que saquemos del atolladero el proceso. Si continúa sujeto al resultado de una ley de alternatividad en el Congreso, ¿cuándo va a avanzar? Sería irresponsable que esa ley sea aprobada si el Congreso no sabe qué se ha pactado, a quién se va a perdonar, cuándo y cómo", señaló Castaño.
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