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No queda nada por descubrir, pero sí personas por enjuiciar. Eso es lo que aseguran los jesuitas salvadoreños a quienes no les queda duda de que un comando militar especial fue el responsable directo del asesinato de seis miembros de su congregación y dos mujeres hace 25 años, que el Gobierno de turno trató de encubrir a los asesinos de los sacerdotes y que la Fiscalía entorpeció la investigación.
“Solo falta que los que dieron la orden, los que fraguaron el asesinato, los que trataron de encubrirlo sean llevados al banquillo de los acusados”, afirma el jesuita Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por estos religiosos.
El 16 de noviembre de 1989, los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en la que vivían dentro del campus de la UCA.
Los militares también asesinaron a sus dos colaboradoras: Elba y su hija Celina Ramos.
Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón élite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.
Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
La UCA ha dado por “cerrado” el proceso en contra de los autores materiales, pero los jesuitas siguen reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.
En marzo de 2000, la UCA demandó ante la Fiscalía General de la República a Cristiani y a seis coroneles salvadoreños por la autoría intelectual del crimen, pero un tribunal de justicia de El Salvador rechazó reabrir el caso.
El sacerdote José María Tojeira sostiene que el expresidente Alfredo Cristiani, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), sabía lo que había pasado, pero por más de dos meses trató de encubrir a los asesinos. “En aquel entonces, el Gobierno estaba plenamente implicado en el asunto” negaba todo y acusaba a la guerrilla de haber cometido la masacre de los padres, asegura.
