El juez federal Royce Lamberth aceptó de forma provisional el acuerdo entre la multinacional bananera Chiquita Brands y la fiscalía, por el cual la empresa reconoció haber pagado a grupos paramilitares para proteger sus operaciones en Colombia.
Durante una sesión de poco más de media hora en Washington, Lamberth dijo que aceptaba el acuerdo "provisionalmente", pero que tomará la decisión definitiva durante la audiencia en la que dictaminará la sentencia, fijada para el 1 de junio.
Como parte del pacto Chiquita Brands, con sede en Cincinnati (Ohio), pagará una multa de 25 millones de dólares, fraccionada en cinco pagos de $5 millones cada uno, más intereses.
Es una cifra bastante menor que la pena máxima a la que se enfrentaba la empresa, que ascendía a $98.8 millones, según explicó Lamberth a la defensa.
Michael Mitchell, portavoz de Chiquita, dijo hoy a Efe que la empresa espera que el juez Lamberth acepte el acuerdo alcanzado por las partes, e insistió en que, para la empresa, la seguridad de sus empleados fue la "prioridad principal". "La seguridad de nuestros empleados siempre fue la principal prioridad de la empresa.
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