El juez Baltasar Garzón rechazó "frontalmente" la condena a 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo español, y anunció que recurrirá la sentencia que, a su juicio, "elimina toda posibilidad de investigar la corrupción".
El Alto Tribunal encontró al magistrado español culpable de prevaricación por haber autorizado a interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas de una trama de corrupción con sus abogados, conocida como "caso Gürtel", que afecta a antiguos altos cargos del Partido Popular y sus abogados.
En una nota a los medios, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad". Señala, además que "contribuye gravemente, en el afán de acabar con un juez en concreto, a laminar la independencia de los jueces en España".
Garzón denuncia que la sentencia no se ajusta a derecho, que le condena de forma injusta y predeterminada y subraya que a lo largo de toda su carrera ha cumplido siempre con rigor las normas y ha defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
"He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho siempre con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía", dice. Añade, que su actuación en el "caso Gürtel" se ajustó a la ley y que tomó todas las medidas legales para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción.
