Una juez federal de Detroit ordenó ayer interrumpir de forma inmediata las escuchas telefónicas sin autorización judicial que el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha en su plan nacional antiterrorista.
Según la magistrada, Anna Diggs Taylor, ese programa es inconstitucional porque viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos, así como la separación de poderes que consagra la Constitución estadounidense.
Su fallo se produce en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, en inglés) contra el controvertido programa de escuchas telefónicas y de control de correos electrónicos del Gobierno del presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
"Los demandantes se han impuesto y el interés público de este asunto es claro", señala la juez en su decisión.
En la presentación de los argumentos orales, el Departamento de Justicia, en representación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que es la que puso en marcha el programa, argumentó que la iniciativa es totalmente legal y una pieza clave en la lucha del Gobierno contra el terrorismo.
Por su parte, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, anunció que el Gobierno hará todo lo posible por mantener el programa de espionaje interno que una juez federal ordenó interrumpir de forma inmediata.
Varios responsables de la comunidad de inteligencia, prosiguió, han testificado en torno a su eficacia en la lucha contra el terrorismo.
"Discrepamos respetuosamente con la decisión de la juez y la hemos apelado", indicó Gonzales.
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