Una jueza de Guatemala ordenó hoy que se realice un "examen médico" a 14 militares retirados detenidos, quienes enfrentan una audiencia por su supuesta participación en al menos 558 desapariciones forzadas de indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).
La presidenta del juzgado "A" de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, hizo esta petición al estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y agregó que los diagnósticos deberán estar listos para el próximo lunes, cuando se reinicie la diligencia.
Los 14 militares retirados enfrentaron este viernes la audiencia de primera declaración tras ser arrestados el pasado miércoles acusados de los delitos de desapariciones forzadas y lesa humanidad cometidos durante la década de los ochenta.
El abogado Moisés Galindo, defensor del oficial retirado Carlos Augusto Garavito Morán, hizo la petición para su patrocinado argumentado que, debido a su avanzada edad, podría sufrir crisis de salud.
Pero Domínguez decretó que se practicasen las evaluaciones médicas a todos los acusados porque, a su entender, es su obligación velar por "el derecho a la salud" de los sindicados, cuya edad es bastante avanzada.
A los detenidos, el Ministerio Público (MP-Fiscalía) les acusa de haber participado en al menos 558 desapariciones forzadas en la década de los ochenta.
Como indicios, el ente público cuenta con testimonios, además de pruebas de ADN y las osamentas encontradas en las fosas comunes halladas en las instalaciones de una antigua zona militar en Cobán, en el departamento norteño de Alta Verapaz.
Los militares retirados detenidos son Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Byron Barrientos Díaz, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Carlos Humberto Rodríguez López y Gustavo Alonzo Rosales García.
Además, Ismael Segura Abularach, Juan Ovalle Salazar, Juan Antonio Vásquez, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Edilberto Letona Linares, Edgar Rolando Hernández Méndez y Garavito Morán.
La Fiscalía leyó durante los cargos y las imputaciones a siete de los 14 acusados, concretamente a Segura Abularach, Ovalle Salazar, Saucedo Mérida, Lucas García, Barrientos Díaz, Ruiz Morales y Rodríguez López.
Los 14 presuntamente participaron en la desaparición de 558 personas, 85 de ellos menores de edad; 22 tenían entre 0 y 3 años, 19 entre 4 y 12 años y 44 de ellos eran adolescentes, entre 13 y 17 años.
Según el ente público, los 14 militares retirados participaron de forma "sistemática" en crímenes y matanzas que se pueden considerar "crímenes de guerra".
Tras más de cuatro horas de audiencia, Domínguez decidió aplazar la vista para el próximo lunes a las 8:30 hora local, cuando el MP continuará con la imputación.
