Juicio contra ex mandatario boliviano tiene vicios legales

LOS MINISTROS de la Corte Suprema de Justicia dijeron ayer que "existen vicios legales" en la imputación por genocidio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, planteado por el fiscal general, Pedro Gareca, por la llamada "guerra del gas" de 2003 que dejó 67 muertos y decenas de heridos.
El pedido del fiscal Gareca de levantar el secreto militar, hipotecar bienes o imponer medidas precautorias fueron calificadas como una ligereza por los ministros de la Corte Suprema.
"Con eso se pretende saltar a la etapa preparatoria del juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada", indicó el portavoz de los magistrados de la Corte Suprema que funciona en Sucre, capital política de Bolivia.
También el director de la carrera de derecho de la universidad pública de La Paz, Rodolfo Illanes, dijo que el fiscal Gareca no valoró bien la proposición acusatoria, y lo redujo sólo a genocidio cuanto existían otro tipo de delitos: uso discrecional de gastos reservados, asesinato, violación de derechos humanos y daños económicos.
Pero el fiscal general presentó el lunes la imputación formal contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros Carlos Sánchez Berzaín y Yerko Kukoc por el delito de genocidio cometido entre septiembre y octubre de 2003 con un saldo de 67 muertos.
Y los otros 13 ministros figuran como sospechosos de complicidad en genocidio.
El Congreso boliviano autorizó el 13 de octubre de 2004 un juicio de responsabilidades al ex mandatario y sus ministros por violación a los derechos y garantías individuales.
El fiscal Gareca justificó un juicio al ex presidente porque "autorizó a los militares represiones masivas mediante una orden, e implícitamente mediante su permisión y consentimiento. Por lo que su responsabilidad frente a los hechos es directa".
Gareca tiene seis meses para realizar su investigación. Luego la sala penal de la Corte Suprema de Justicia abre su competencia como tribunal sumariante para estudiar el caso y dictar un auto final para sobreseimiento o archivo de obrados.
En caso de que se dicte el auto de acusación, el expediente será derivado a la sala plena de la Corte Suprema, donde se dará curso al juicio de responsabilidades como establece una ley aprobada por el mismo, en el 2003.