La Junta de Autorizaciones del Senado italiano, que se ocupa de verificar la situación de los parlamentarios, comenzó sus reuniones para analizar la posibilidad de retirar a Silvio Berlusconi su escaño, tras su condena definitiva a cuatro años de cárcel por fraude fiscal.
En el Parlamento italiano no pueden ocupar un escaño personas con condenas en firme de cárcel superiores a los dos años, en función de la llamada “ley Severino”, aprobada durante el Ejecutivo de Mario Monti.
Desde ayer hasta el próximo viernes, la junta formada por 23 senadores escuchará las motivaciones que ha presentado la formación de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PDL), que considera que la “ley Severino” no puede ser aplicada con retroactividad.
Del 15 al 25 de septiembre, los senadores de la junta debatirán sobre sus posiciones y, según la prensa italiana, 14 parlamentarios son favorables a la expulsión de Berlusconi del Senado, mientras que nueve votarán en contra.
Serán días de tensión para el Gobierno, ya que el PDL ha amenazado con retirar su apoyo al Ejecutivo de coalición de Enrico Letta, del que forma parte como segunda fuerza, si se decide la salida forzada de Berlusconi del Parlamento.
En este contexto, el PDL intenta que los trabajos de la junta se alarguen y ganar tiempo para buscar la forma de que no se aplique la ley, que supondría el final político de Berlusconi, tras más de veinte años en primera línea.
