Una junta federal estadounidense de control tomó las riendas de las finanzas de Puerto Rico y varias agencias gubernamentales, a fin de rescatar la economía de la isla de una profunda crisis.
La junta de siete miembros se reunió en Nueva York y fue interrumpida brevemente por manifestantes que gritaban "¡Esto es esclavitud!" y "¡Dejen de saquear a Puerto Rico!".
La reunión fue transmitida en vivo por internet luego de promesas de que la junta operaría con transparencia total.
La junta ordenó que el gobernador Alejandro García Padilla entregue un plan fiscal dentro de dos semanas y presente reportes semanales y mensuales que detallen la manera en que el gobierno se está ajustando a su presupuesto.
El Congreso estadounidense aprobó la junta en junio y le dio poder de supervisión sobre el gobierno central de Puerto Rico, así como sobre los sistemas de pensión pública y empresas de servicios públicos, entre otras agencias. Carrión es uno de cuatro republicanos en la junta, que tiene además cuatro demócratas. También en la junta está un representante del gobernador puertorriqueño, aunque sin derecho a voto.
En parte, la junta tiene la responsabilidad de reestructurar una porción de una deuda pública de casi $70,000 millones.
"Estamos trabajando lo más rápidamente posible", dijo José Carrión, que fue electo presidente de la junta, en declaraciones a reporteros tras la reunión.
García llamó a la junta a dar prioridad al sistema de pensiones públicas. Pidió además que la junta considere intervenir en un juicio en que un juez federal deberá fallar sobre si Puerto Rico tendrá que pagar sus deudas pese a que la ley estadounidense firmada en junio protege a la isla de demandas hasta febrero de 2017.
Los miembros de la junta no comentaron públicamente sobre ese pedido.
Puerto Rico ha estado varado en una crisis económica profunda de una década. La isla ha entrado en impago de varios abonos millonarios de sus deudas y enfrenta crecientes demandas de acreedores que tratan de recuperar partes de sus inversiones. Varias agencias del gobierno operan ahora bajo un estado de emergencia que les permite retirar fondos solamente para servicios públicos esenciales.
El economista puertorriqueño Gustavo Vélez dijo que la junta muy probablemente solicitará pronto ayuda de los mercados de capitales para generar ingresos.
"Si no, van a tener que tomar unas medidas de austeridad bien fuertes. No hay manera de financiar el déficit...Posiblemente ya no va a haber para la nómina ya mismo", dijo.
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